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En medio de fuertes acusaciones, CN deniega solicitud de juicio político para cabezas del MP

Tegucigalpa – Cinco bancadas representadas en el Congreso Nacional rechazaron, en la sesión parlamentaria de este miércoles, la solicitud de juicio político para las cabezas de la Fiscalía hondureña, en medio de fuertes acusaciones del Partido Libertad y Refundación (Libre), quienes tildaron de “vendidos” a la bancada del Partido Liberal.

– 45 votos a favor alcanzó la solicitud para enjuiciar a Chinchilla y Cuéllar, en tanto 83 lo hicieron en contra.

– La bancada del PAC dijo que con estas actitudes se le echa más fuego a las antorchas.

– “Este Congreso es una cloaca”, dijo la diputada Beatriz Valle.

La bancada de Libre reprochó la posición de sus homólogos liberales y los acusaron de co-gobernar con el oficialista Partido Nacional.

Las acusaciones del principal partido de oposición, Libre, es que el bipartidismo ya se repartió la próxima Corte Suprema de Justicia (CSJ), por eso la determinación de improbar el juicio político para el fiscal general Óscar Fernando Chinchilla y su adjunto Rigoberto Cuéllar.

El diputado de Libre, Rassel Tomé, acusó a los liberales de negociar bajo la mesa la elección de los próximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

“Hay un arreglo por abajo, en el que se refleja que realmente están buscando llegar a acuerdos sobre la Corte de Justicia, no quieren tomar decisiones para limpiar la justicia en el país”, declaró en forma airada.

De su lado, Rafael Alegría de Libre, acusó que “quieren mantener una estructura colapsada y corrupta a través de los dos partidos tradicionales. Repudiamos y condenamos la actitud del Partido Nacional junto al Partido Liberal”.

Al compás del grito: ‘vendidos, vendidos, vendidos…’ continuaban las acusaciones del principal partido de oposición en Honduras.

El legislador, Jari Dixon, relató que “los liberales vinieron a negociar a los magistrados y otros privilegios. No es justo que el pueblo haya tenido esperanzas en el Partido Liberal, vinieron a negociar cualquier cosa, menos los intereses del pueblo hondureño”.

Mientras, el parlamentario nacionalista, Francisco Rivera, criticó la actitud de la bancada de Libre, al tiempo que añadió que “a la brava” no se logran los consensos en la Cámara.

Asimismo, el oficialista congresista Antonio Rivera, negó las negociaciones con sus colegas liberales. “Aquí hay madurez política, más de 85 diputados en contra de la demagogia y a favor de lo que ha hecho este Ministerio Público en el sentido de ocho extradiciones, incautación de bienes, requerimientos fiscales que nunca se habían dado en el país, este es un espaldarazo a Óscar Fernando Chinchilla por lo bien que lo hecho en año y medio”.

La solicitud del juicio político

La solicitud la presentó el diputado del Partido Anti Corrupción (PAC), Walter Alex Banegas, quien denuncia en su petición que existen actuaciones contrarias a la Constitución de la República y negligencia manifiesta por parte de ambos funcionarios.

Banegas tomó como referencia para presentar la solicitud el informe final presentado por la comisión especial multipartidaria nombrada para investigar en el Ministerio Público, los avances en 13 casos emblemáticos de corrupción.

En la solicitud se planteaba el nombramiento de una comisión especial para investigar la conducta de los altos funcionarios del Ministerio Público y la suspensión de sus cargos, mientras se hacía la investigación.

Finalmente, pedía la destitución del Fiscal General y el Fiscal General Adjunto.

La bancada liberal, a través del diputado Darío Banegas, dejó sentada su posición de votar en contra de la solicitud del juicio político, luego de estudiar la forma y el fondo de esa solicitud la que a su criterio no reúne los requisitos para que sea tramitada en la Cámara Legislativa.

Además, considera que un juicio político en este momento es inoportuno ya que distrae la atención en la gran tarea que representa la elección de los nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Asimismo, la bancada liberal considera que con la destitución de los titulares del Ministerio Público, se interrumpirían los juicios ya iniciados en los casos de corrupción, lo que generaría aún más impunidad.

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