– Desde hace algunos años se ha denunciado la existencia de “narcopolíticos” en Honduras.
“El país debe ser así, de ahora en adelante, no miren esto (acciones judiciales contra funcionarios) como algo que va a ser extraordinario, de ahora en adelante debe ser normal y ordinario que si a alguien lo acusan de algo, va a ir a un juzgado y ahí el juez tiene que determinar”, declaró este martes durante la inauguración de un programa social en la colonia Canaán de la capital hondureña.
Hernández agregó que “es un juicio para todos como lo dije en el caso del señor (José Luis) Galdámez y cualquier persona que yo conozco”.
En el caso del edil de Yoro, quien se encuentra en detención judicial, el gobernante continuó que “lo que esperamos es un juicio justo, pero también que se le aplique la ley y que cada quien tenga la oportunidad de las autoridades de decir que si se le acusa de algo, cuál es su respuesta y si no el juez va a determinar”.
Al mismo tiempo, subrayó que “de mi parte no esperen más que pedir que se cumpla la ley”, al tiempo que remarcó: “aquí cada quien responde por sus actos”.
Igualmente aprovechó el momento para reiterar que no se le acerquen a pedirle favores; “ni correligionarios, ni amigos, ni parientes, ni hondureños que yo conozca muy poco o mucho, nadie puede esperar que nosotros le vayamos a hacer el juego, aquí hay Estado que debe respetarse en cuanto a sus leyes y a las buenas costumbres”.
De su lado, el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, también se refirió bajo los mismos términos del presidente Hernández, al asegurar que “en esta nueva Honduras nadie es impune”.
El titular del Legislativo pidió cordura y advirtió que “no vaya a ser que salga algo más adelante en otro partido político y también vamos a tratar de satanizarlo”.
El pasado fin de semana, la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) realizó fuertes allanamientos en Yoro, donde aseguró varias propiedades y detuvo al alcalde de ese término municipal, Arnaldo Urbina Soto, quien ahora es acusado por los presuntos delitos de lavado de activos y portación ilegal de armas.
Junto a Urbina Soto de detuvo a tres de sus familiares y cinco personas más.
El jefe edilicio de Yoro ha rechazado las acusaciones de la Fiscalía hondureña y dijo que “todo se trata de un show político”, al tiempo que añadió que sus bienes son producto de herencias familiares y al trabajo lícito de los últimos años.
