Podría ser un día para definir el Estado de Derecho o los ecos de las monedas, opinan juristas y analistas consultados por Proceso Digital, para quienes al menos siete de los 15 magistrados del poder judicial se decantan por las iniciativas de los poderes ejecutivo y legislativo, mientras el resto intenta mantener el principio de independencia entre los poderes, como indica el mandato constitucional.
Los expertos hablan de monedas, luego de trascender con fuerza la versión que para destituir a los magistrados corrió el dinero en el Congreso Nacional, según algunos parlamentarios y políticos que piden a un apagado Ministerio Público que actúe e investigue. La Fiscalía, sigue esperando aún el informe oficial de la destitución de los magistrados para analizar si fue “aplicada” a derecho.
Las mayores críticas sobre la relación afectiva con los poderes ejecutivo y judicial la encabeza el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, que negó en todo momento haber participado del presunto complot contra los magistrados constitucionales, pero su injerencia fue tal que fue revelada por el propio presidente del Congreso, Juan Hernández, así como por algunos de los nuevos magistrados, a quienes en el folclor popular se les conoce como los “usurpadores”.
Los dobleces de Rivera Avilés
Rivera Avilés salió al paso dos días después de la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, para negar que fuera parte del “golpe técnico” al poder, se solidarizó con sus compañeros y dijo que no es parte de componendas con nadie.
Pero sus palabras se desplomaron, al trascender que cinco horas después del descabezamiento de la Sala Constitucional, el magistrado presidente junto a otros dos de sus colegas, departieron en un exquisito desayuno con el presidente Lobo Sosa en su residencia particular en la zona de El Chimbo.
Momentos después, junto al fiscal general, Luís Rubí, aparece en una cadena de radio y televisión, junto a los titulares de los poderes Ejecutivo y Legislativo, anunciando un “diálogo permanente” que aún se desconoce, así como ratificando su compromiso por la “independencia” de poderes y el respeto a la institucionalidad y el Estado de Derecho.
En privado, el presidente del poder judicial intenta convencer a sectores claves del país que su papel ha sido de mediador, niega colusión, pero la práctica lo desdice. Asegura que aceptó la destitución para que no se descabezara el resto de la Corte Suprema de Justicia, queriendo minimizar un daño mayúsculo del cual fue parte en contra de la institucionalidad y la democracia hondureña, según los observadores.
O los restituyen o alargan el camino
Al conocerse este jueves el caso de los magistrados destituidos, una vez conformado el pleno de la corte de justicia en donde harán su estreno los llamados magistrados “usurpadores”, la moneda en la justicia se echará al aire: a favor de la restitución inmediata o darle largas al asunto hasta agotar a las partes.
La presión es mayor. Los 97 diputados que votaron por la destitución hasta ahora no tienen línea para cambiar de postura, mientras la presión nacional e internacional cabildea por restaurar la institucionalidad al trascender que sus pesquisas descartan cualquier vínculo de los magistrados constitucionales con el crimen organizado, como afirmó el titular del poder legislativo.
Los grupos de choque afines al poder legislativo se encuentran listos. La primera calistenia se hizo a mediados de diciembre cuando liderados por activistas humanitarios, diputados y un sector de sociedad civil, salieron a defender lo actuado por el Congreso y la postura de “venganza” y “goles” del Ejecutivo.
¿Magistrados a la carta?
Como afirma el magistrado costarricense de la Sala Constitucional, Fernando Cruz Castro, “la independencia de los jueces requiere garantías en el procedimiento de su designación y mejor aún, en las reglas que definen el procedimiento de destitución. La independencia del juzgador no sólo se asegura por las reglas que rigen su designación, sino por las reglas y garantías que aseguran su permanencia. Las normas sobre la independencia judicial no pueden interpretarse literalmente, porque un juez independiente no lo es si puede ser destituido por “razones de estado”.
Y agrega otra preocupación más: Estimar que un juez de la república, es fungible, considerar que no se requiere justificación para su remoción, porque los jueces son a la carta, definir al juez como de nombramiento a plazo, admitir que requiere advertencias, eso sí es preocupante.
