– En julio del año pasado el colombiano Alexander Montoya Úsuga, fue extraditado a su país, luego de ser capturado en La Ceiba, lo que confirma que esa ciudad es centro de operaciones del narcotráfico internacional.
– Estados Unidos ha solicitado la extradición del supuesto capo hondureño Carlos Arnaldo Lobo, pero la acción no ha sido consumada.
– Un salvadoreño, un guatemalteco y ahora dos colombianos, constituyen la historia reciente de extradiciones en Honduras.
Amaury Smith Pomare y su hermano Mario, conocidos como “Los Mellos” son dos de los principales cabecillas de transporte de droga en el Caribe.
En el operativo practicado en La Ceiba, se capturaron dos personas más que se presume son hondureños y además se incautaron vehículos, armas y joyas en una lujosa vivienda localizada en la caribeña ciudad.
Según fuentes oficiales, el colombiano quien ya fue extraditado, era buscado por la Policía del país sudamericano y por la Interpol. Él tiene fuertes contactos con organizaciones criminales en Honduras y fue capturado en el marco de una operación de inteligencia que tuvo su origen en Colombia, se informó.
El capo colombiano fue extraditado un día después de su captura, aunque por las lluvias generadas por un frente frio la aeronave de donde era transportado no había permitido aterrizar en el aeropuerto internacional Golosón de La Ceiba.
La captura de “Los Mellos”, Amauri en La Ceiba y Mario en Panamá, fue confirmada por el propio presidente colombiano Juan Manuel Santos quien había ofrecido una recompensa de 200 millones de pesos a quien proporcionara información que ayudara a dar con los gemelos.
Según las autoridades colombianos, los hermanos Smith Pomare, eran encargados de coordinar el apoyo logístico, acopio y envío de droga a América Central y Norteamérica a través de lanchas tipo Go Fast.
“Los Mellos” nacieron y crecieron en la turística isla de San Andrés, tienen una experiencia en el manejo de las lanchas rápidas y poco a poco se volvieron los guías de los delincuentes y narcotraficantes que los aprovecharon para trasportar narcóticos a Centroamérica.
Los nexos del crimen organizado en Honduras
El 23 de abril de 2012, con motivo de la petición de Estados Unidos para extraditar a ese país, al hondureño Carlos Arnaldo “El Negro” Lobo, para que compareciera ante un juez de la Corte de La Florida para responder por acusaciones de conspiración para distribuir drogas, trascendieron los nexos de hondureños con la organización de “Los Mellos de Casandra”.
Con esta petición de extradición de “El Negro” Lobo, Estados Unidos inició la operación Alpha, mediante la cual, hondureños ligados a la narcoactividad serían juzgados en ese país, sin embargo, el Congreso Nacional no tiene intenciones de aprobar el reglamento de Ley de Extradición para ciudadanos nacidos en Honduras. El tema ha puesto a la Corte y al Legislativo a tirarse el balón de un lado a otro, sin que ninguno de estos poderes asuma la responsabilidad en tonro a la reglamentación.
En octubre de 2011, a Lobo se le incautó una numerosa cantidad de bienes, que incluyen mansiones, carros de lujo y yates valorados en al menos 500 millones de lempiras, por no justificar su origen, dijeron autoridades.
Según la Policía, Lobo pasó en corto tiempo de ser un pescador pobre a una persona acaudalada. Un informe revela que el crecimiento patrimonial de Lobo estaría relacionado con sus actividades de tráfico de drogas.
Como parte de la Operación Alpha, se han investigado los nexos que tendrían capos hondureños con redes del narcotráfico en Colombia y otros países, incluida la banda colombiana conocida como “Los Mellos de Casandra”.
A mediados del año pasado, se conoció que miembros de la organización de “Los Mellos”, visitan el país y se alojan en residencias de San Pedro Sula, La Ceiba y Roatán.
Extradiciones no son nuevas en Honduras
La extradición de individuos vinculados al narcotráfico y el terrorismo, no es algo nuevo en Honduras y existen antecedentes que reafirman que el territorio hondureño es utilizado para acciones de la narcoactividad.
Un antecedente, se remonta a mayo de 2009, cuando el Ministerio Público de Honduras confirmó la extradición a El Salvador del honduro-salvadoreño Reynerio de Jesús Flores Lazo.
Flores Lazo era acusado de ser cabecilla de la banda Los Perrones, que controló el tráfico de droga e indocumentados en la zona oriental de El Salvador.
Fue capturado en el barrio La Granja de Tegucigalpa por elementos de la Interpol y la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC).
Posteriormente, el 15 de diciembre de 2011, el guatemalteco Mario Ponce Rodríguez, fue extraditado hacia Estados Unidos, bajo un espectacular dispositivo de seguridad que sorprendió a los pobladores y personas que habitan y trabajan en el valle de Amarateca, lugar donde se localiza la Penitenciaria Nacional donde el extraditado estaba recluido.
Ponce Rodríguez, fue traslado en una operación que requirió de dos helicópteros del gobierno estadounidense que trasladaron al guatemalteco a la base militar de Palmerola, donde lo esperaban agentes de la Agencia Antidrogas (DEA) para llevarlo a una cárcel de Miami, Florida.
La extradición del guatemalteco se produjo luego que el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), resolviera aprobar la entrega del guatemalteco a Estados Unidos, pese a la apelación interpuesta por la defensa de Ponce Rodríguez en contra el fallo del magistrado Carlos David Cálix, nombrado como juez de extradición.
Al guatemalteco también se le siguió juicio en Honduras por presunto lavado de activos y narcotráfico, de donde se le liberó de toda responsabilidad, por lo que la defensa había presentado una apelación para detener su extradición.
Una semana antes de la extradición, las autoridades aseguraron que siete individuos detenidos a inmediaciones de Amarateca pretendían rescatar al presunto capo guatemalteco, pero se logró frustrar la operación.
Ponce Rodríguez fue detenido en el aeropuerto internacional de San Pedro Sula, junto con un compatriota suyo y un hondureño cuando pretendían abordar un helicóptero en cuyo interior, luego de un peritaje toxicológico, se encontraron residuos de droga, lo que supone que era utilizado para el narcotráfico.
Según la historia, Estados Unidos ha solicitado a Honduras dos casos de extradición. En mayo de 1998, Honduras, a través de la CSJ, negó la extradición del exjefe de la Policía de Haití Michelle Françoise. El país caribeño y Estados Unidos solicitaron la extradición para juzgarlo por violaciones a derechos humanos y narcotráfico. El segundo caso fue el de Ponce Rodríguez, solicitud que la CSJ la declaró procedente.
Mientras tanto, el 18 de julio de 2012, las autoridades hondureñas extraditaron a su país al colombiano Alexander Montoya Úsuga, alias «el Flaco», contra quien la Interpol había emitido una orden de captura, acusándolo por el delito de narcotráfico.
El colombiano, de 33 años, fue detenido por policías hondureños en un hotel de La Ceiba, justamente en la misma ciudad donde el sábado fue captura Amauri Smith Pomare. Montoya Úsuga era requerido por las autoridades colombianas por sus vínculos como subjefe de la banda «Los Urabeños».
El extraditado manejaba las rutas del tráfico de cocaína en el Urabá antioqueño y chocoano y tenía cinco órdenes de captura por homicidio, portación ilegal de armas y concierto para delinquir.
Además, tenía una condena a 40 años de cárcel por el asesinato en agosto de 2002 en Miranda, departamento de Cauca, de la enfermera Amparo Figueroa, protegida como testigo.
Ley de Extradición permanece engavetada en el Legislativo
En enero del año pasado, durante una reunión en Casa Presidencial, los presidentes del Legislativo y el Ejecutivo buscaron el consenso con los jefes de todas las bancadas del Congreso Nacional que luego inició la discusión para la aprobación de un paquete de medidas de seguridad entre los que figuraba la reforma constitucional mediante la cual se permite la extradición de hondureños cuando su solicitud de expatriación sea relacionada con delitos de narcotráfico y terrorismo.
Se trata de la reforma al artículo 102, que de manera expresa impide la extradición de hondureños, por parte de las autoridades, a países extranjeros.
La aprobación ocurrió a puerta cerrada y en la sesión se reformó el artículo 102 para permitirle al Poder Ejecutivo negociar y suscribir tratados internacionales para poder extraditar hondureños que hayan sido declarados culpables de delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, terrorismo o el crimen organizado.
Sin embargo, en la reforma se hace una prohibición expresa para que ningún hondureño pueda ser extraditado por la comisión de un delito común o político.
La Ley, según la Corte Suprema de Justicia, requiere de una reglamentación, por lo cual han enviado una propuesta al Legislativo. Pero en la Cámara no quieren ser responsables de este asunto e indican que únicamente le corresponde al Poder Judicial crear la norma secundaria.
La propuesta de la Corte llegó al Congreso desde julio de 2012.
El anteproyecto que remitió la CSJ establece que la extradición de hondureños excepcionalmente se concederá por los delitos de tráfico de estupefacientes en cualquiera de sus tipologías, terrorismo y cualquier otro ilícito de criminalidad organizada.
Define los casos en que no se concederá la extradición: El juez nacional conocerá la evacuación de pruebas hasta emitir un fallo definitivo. “Valoradas las pruebas evacuadas, dictará sin retardo y de forma motivada la resolución definitiva, otorgando o denegando la extradición”, indica el anteproyecto.
Contra la resolución del juez nacional sólo cabe el recurso de apelación, que lo conocerá el pleno de la CSJ, quien confirmará, revocará o reformará la resolución impugnada. Si la solicitud es denegada el reclamado será liberado de inmediato. Si procede se ordenará la entrega auxiliándose de la Policía, el Estado requirente se hará cargo de los gastos de extradición.
Sin embargo, el 10 de enero de este año, el propio presidente del Congreso Nacional, Juan Hernández, se encargó de anunciar que ese poder del Estado no aprobará el proyecto de la Ley de Extradición enviado por la CSJ, aplicable a hondureños, porque se trata de “una trampa” contra el Legislativo.
Hernández esgrimió que “lo que nos envió la Corte Suprema de Justicia es una trampa. ¿Saben por qué?, porque la Constitución dice que es la Corte Suprema la que tiene que tramitar las extradiciones, y el proyecto que nos envían dice que es un juez de jurisdicción nacional”.
“Estudiamos bastante el proyecto y llegamos a una conclusión: si nosotros aprobábamos eso como venía, alguien podía presentar un recurso de inconstitucionalidad y nunca más se iba a poder extraditar a alguien”, arguyó.
Hernández aseveró que al recibir el anteproyecto le dijo a los magistrados que “no era necesario, porque la reforma constitucional ya está hecha y permite la extradición de hondureños ligados al narcotráfico, crimen organizado y terrorismo”.
