El caso de este inmigrante ha llevado siete años de disputas legales, debido a discrepancias sobre el reclamo de retardo mental de la defensa en un caso que pudo haber enfrentado la pena de muerte.
En diciembre de 2007 la legislatura de Nueva Jersey derogó la pena de muerte por la de cadena perpetua.
Jiménez, de 43 años, escuchó la decisión del jurado sin inmutarse, mirando hacia el frente, de la misma forma que permaneció durante las tres semanas que duró el juicio.
«¿Ya terminó?» fue su único comentario cuando los alguaciles de la corte se le acercaron para escoltarlo fuera del lugar, según el diario local «Star Ledger».
El jurado comenzó a deliberar este viernes y hoy por la mañana dio a conocer su decisión en la Corte Superior del condado de Morris, ante la presencia de los padres y la hermana del menor, Isamar Valenzuela, de 16 años, que testificó en el juicio por haber sido la última que vio con vida al niño.
Al salir de la corte, algunos miembros del jurado abrazaron a Isamar y sus padres, una familia guatemalteca que se había mudado de California a Morristown en busca de trabajo.
«Es culpable, es culpable, estoy feliz», decía Isamar, con lágrimas en los ojos, en el pasillo de la corte mientras hablaba por su teléfono móvil.
Su padre, Rolando Valenzuela, dijo que Jiménez es una mala persona y que la familia está complacida de que haya terminado el caso.
«Nadie más sufrirá lo que nosotros hemos sufrido», dijo.
De acuerdo a la Fiscalía, Jiménez se llevó a Walter Valenzuela Contreras de un área de juegos para niños cerca de su hogar y acudió con él a una feria organizada por una iglesia.
Un perro adiestrado encontró el cuerpo del niño 36 horas después de haber sido denunciada su desaparición, en un área boscosa cerca de su hogar, con golpes en la cabeza y pruebas de intento de asalto sexual.
Varios días después se recobró un suéter y pantalones manchados de sangre y, según declararon dos testigos, la ropa pertenecía a Jiménez, lo que condujo a su detención tres semanas después del homicidio.
Impactado por la forma brutal en que el niño fue asesinado el fiscal del condado, John Danger, pidió la pena de muerte para Jiménez, pero, una evaluación psiquiátrica determinó que su coeficiente mental era de 68, dos puntos por debajo de la definición legal empleada en Nueva Jersey para el retraso mental.
En 2002, la Corte Suprema de EE.UU. declaró inconstitucional la pena de muerte para disminuidos mentales, acción que siguió Nueva Jersey cinco años después.
