Mientras Lobo parte al viejo mundo, en Tegucigalpa se encuentran desde el fin de semana una delegación humanitaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), con el propósito de valorar la situación de derechos humanos, al tiempo que arriba una misión del Fondo Monetario Internacional para evaluar la marcha de la descompuesta economía hondureña.
La misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hace su segunda visita a Honduras en nueve meses, luego de la expulsión del ex presidente, Manuel Zelaya.
La delegación viene encabezada por el presidente de ese organismo, el chileno Felipe González y el director ejecutivo, Santiago Cantón, también se suma a la misma la relatora de la libertad de expresión, la colombiana, Catalina Botero.
Su presencia fue anunciada hace tres semanas por el secretario de la OEA, José Miguel Insulza, quien se mostró preocupado por el asesinato de periodistas hondureños, más de siete en lo que va del año, y que ha llamado la atención de los grupos de libertad de expresión y humanitarios y especialmente del Comisionado de DDHH, Ramón Custodio quien, incluso, antes de varias de las últimas muertes de comunicadores solicitó a la CIDH medidas cautelares.
A ello se suman las constantes denuncias del llamado frente zelayista de resistencia que achaca a una “política de Estado”, las muertes de todas las personas en el país, incluidos algunos de sus simpatizantes, en circunstancias no muy claras.
Honduras en su último informe fue colocada por primera vez por la CIDH como una nación que no respetaba los derechos humanos; la colocó en una “lista negra” de países violadores a la par de Venezuela, Cuba, Haití y Colombia. De junio de 2009 a la fecha, se han producido al menos tres informes sobre situación de derechos humanos elaborados uno por la CIDH en su primera visita en agosto de 2009, otro por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el último presentado por la ONG Amnistía Internacional. |  |
En todos, el país no sale bien valorado, centrándose en particular en los hechos que marcaron la crisis de junio del año anterior. En ellos se acusa a las instituciones del Estado de ser ineficientes y negligentes en el cumplimiento de velar por el respeto humanitario.
Nueve meses después, Honduras se apresta a rendir cuentas sobre el avance o retroceso en esa materia. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ha advertido de las violaciones y sus graves excesos, en particular durante la crisis política donde esta institución advierte de “graves violaciones” de ambos lados (zelayistas y opositores).
Ahora, el Comisionado de los derechos humanos ha marcado su preocupación por los índices de violencia vinculados a acciones típicas del crimen organizado y al asesinato de periodistas, exhortando a las autoridades a aclarar este extremo para que la democracia hondureña y su institucionalidad no sucumban presas del miedo por no actuar ni investigar hechos sensitivos como el de los periodistas.
El gobierno del presidente Lobo creó para agilizar las relaciones entre las instituciones del Estado responsables de la vigilancia humanitaria y el poder Ejecutivo una especie de asesoría en derechos humanos que recayó en la figura de Ana Pineda, quien fuera comisionada adjunta del actual ombudsman, Ramón Custodio, en su primer período y que posteriormente pasó a dirigir una organización que monitoreaba el poder legislativo con recursos procedentes de Estados Unidos.
En medio de coincidencias Pineda es una especie de enlace entre el Ejecutivo y la comunidad internacional y desde hace un mes sostiene reuniones con los responsables de las dependencias estatales de derechos humanos para preparar el informe a presentar a la CIDH. Ella será una de las personas con quienes se reunirá la delegación de la OEA, además de otros entes estatales y organizaciones de sociedad civil.
Incluso, cuando Zelaya inicia una gira por varios países presentando un “plan de reconciliación” en el que pide se le dispensen los delitos que tiene pendientes en los tribunales, el otorgamiento de la personalidad jurídica para el frente zelayista a fin de participar en actividades políticas electorales sin presentar requisitos, además de sugerir que se le reconozca a estas alturas como “presidente”. Zelaya está pidiendo un pacto de “impunidad” que en cierta forma es avalado por los rectores de la OEA. También, se da cuando trascienden nuevas amenazas anónimas en contra de comunicadores sociales y presentadores de televisión. Una de estas presentadoras goza de protección policial pero desde un celular se le amenaza e indica que tras ella siguen dos periodistas de la televisión, entre ellos la principal figura mediática, el prestigiado periodista, Renato Álvarez. Se desconoce si la CIDH tomará en cuentas estas nuevas amenazas. El informe preliminar de su inspección por Honduras, será conocido al término de su misión este martes. |
Buscando una “bendición”
La economía hondureña, reciente el saqueo de las finanzas públicas, cuya dimensión solo fue posible visualizar mediante el saqueo en carretillas de supermercado de 40 millones de lempiras de las bóvedas del Banco Central, fue descomunal en la administración del ex presidente Zelaya y en el interinato de Roberto Micheletti. |
Zelaya y sus “sorpresitas” Prueba de ese festín, ha sido la construcción secreta de la ampliación de la pista aérea de El Aguacate, en el departamento de Olancho, donde se empezó a construir desde 2007 tramos carreteros para el aterrizaje de aeronaves sin que saliera a la luz pública y nadie, a la fecha, haya rendido cuentas. Olancho es un vasto departamento que se ha convertido en los últimos años en una conexión perfecta para el trasiego de drogas y armamento, según la policía, que lo sitúa ya con niveles de inseguridad preocupantes. El derrocado Zelaya nunca se refirió a esa pista, pese a ser construida con su visto bueno y urgencia según reporta la prensa local, que desnudó otro evidente hecho de corrupción pública en una nación donde ocho de cada diez personas son pobres, y mueren diariamente cerca de 14 personas a consecuencia de la violencia, la criminalidad, la inseguridad y la falta de empleo y oportunidades. La empresa privada se apresta a entregar a los delegados del FMI una propuesta de reactivación de la economía que permita suscribir al país una especie de acuerdo stand by o aval inmediato para acceder a nuevos empréstitos y comenzar a enrumbar al país en la ruta del crecimiento económico. |
Sin lugar al maquillaje
Los representantes del FMI llegan también en otro momento delicado para las finanzas públicas al no lograrse la suscripción de un salario mínimo entre la clase obrera y patronal, que se busca no impacte en la indexación al Estatuto del Docente que constituye a estas alturas una de las peores cargas económica con las que debe cargar el Estado.
El impacto del Estatuto del Docente en la economía nacional es junto a la evasión fiscal, el talón de Aquiles de toda administración gubernamental y en la actual coyuntura nacional hondureña, su impacto será mayor, y no se vislumbran medidas de acercamiento entre el gobierno y los maestros, acostumbrados a romper los pactos y a ser los principales responsables de la baja calidad educativa en la educación primaria y media.
La misión del FMI ha generado expectativas en diversos sectores que sin querer ser aves de mal agüero vislumbran nuevos ajustes económicos, pero el gobierno lo ha descartado de momento.
La administración de Lobo, aparte de su apuesta por el reconocimiento internacional, se ha enfocado también en atraer nuevamente a los organismos internacionales de crédito quienes han comenzado a darle el beneficio de la duda y aceptado la legitimidad de su mandato, uno de los logros más importantes del momento porque Honduras y el gobierno de Lobo necesitan recursos frescos para comenzar a cambiar el rostro al país. |
