El alcalde de El Progreso, Alexander López, digo que sólo para atender el problema de los bordos del río Ulúa, destruidos por el terremoto del 28 de mayo anterior y las fuertes lluvias que azotan el país, requiere un fondo de al menos 40 millones de lempiras.
“Nos tienen en penitencia”, dijo el edil progreseño, quien el sábado fue duramente cuestionado por el presidente de la República, Manuel Zelaya, por no apoyar su proyecto de la cuarta urna.
López dijo que ocupan recursos para reparar al menos 50 kilómetros de bordos en el margen derecho del río Ulúa.
Denunció que desde enero hasta junio “no tengo ni un lempira de transferencias”, las que le corresponden de acuerdo a la Ley de Municipalidades y la Constitución de la República.
En el marco de una asamblea del poder ciudadano para promocionar la cuarta urna en San pedro Sula, la semana anterior, el presidente Zelaya anunció un desembolso de 30 millones de lempiras para la reparación de los bordos del río Ulúa, entre otras acciones de emergencia tras el terremoto de mayo.
“Esos 30 millones son un paliativo, se requieren por lo menos 90 millones de lempiras más”, dijo el edil, quien reclamó la atención del gobierno central a la región norte, que aporta más del 60 por ciento al Producto Interno Bruto, apuntó.
Por su parte, el alcalde de Tegucigalpa, Ricardo Álvarez, volvió a alzar su voz para reclamar el pago de transferencias adeudadas a la ciudad capital, las que ascienden a por lo menos 400 millones de lempiras.
Esos son fondos, dijo, que permitiría hoy que hubieran más techos dignos, más capacidad de entrega de agua, más funerarias, el mejoramiento de la red vial.
El alcalde de Choluteca, Quintín Soriano, dijo que el gobierno también le adeuda a su municipio la transferencia del cinco por ciento.
Los alcaldes de El progreso, Yoro, en la región norte, y Choluteca, en la región sur, habrían caído en desgracia con el gobernante, por no apoyar su proyecto de la cuarta urna.
En tanto, Álvarez considera que no cuenta con el apoyo del gobierno central, en represalia por su militancia política.
Además, los tres alcaldes coinciden actualmente en que la consulta que Zelaya pretende realizar el domingo es, al igual que lo ha establecido un tribunal de justicia, “ilegal”.
