Guatemala – Al menos cuatro militares retirados fueron arrestados hoy en Guatemala por su supuesta implicación en el caso de corrupción «Industria Militar», que investiga una presunta malversación de unos 3,2 millones de dólares públicos.
Los cuatro detenidos fueron identificados como los militares en situación de retiro José Alfredo Cotzojay Chacón, Byron Manuel Santos Galindo, Rolando Enríquez Hernández González y Jorge Arturo Vega Chávez, mientras que está prófugo Carlos Geovani Mejía Girón, actualmente agregado militar en Brasil.
El portavoz del Ministerio guatemalteco de Defensa, Óscar Pérez, indicó que Cotzojay fue coronel en el Ejército hasta junio de 2016, cuando se dio de baja tras 33 años de servicio, mientras que Santos Galindo, también coronel, y Hernández González, mayor de reservas, causaron baja en junio de 2012 y en octubre de 2003, respectivamente, a petición propia.
La Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) indicaron, en un comunicado, que los cinco integraron un grupo criminal en el que Hernández González, ahora asesor de procesos de Seguridad en la Gerencia de Seguridad Integral de Puerto Quetzal, fue contratado por los otros como representante de ventas de la Industria Militar.
Esta es una dependencia del Ministerio de Defensa, creada en 1992, que fabrica, confecciona y distribuye todo tipo de artículos comprendidos dentro de las diferentes clases de abastecimiento militar y no militar para el Ejército de Guatemala, y para entidades públicas, cuando hay licitaciones públicas.
Según la investigación, entre 2008 y 2011, el «representante de ventas» Hernández González, contratado para el puesto sin tener las capacidades, la experiencia y el conocimiento, recibió 23,4 millones de quetzales (casi 3,2 millones de dólares), una cantidad proveniente de «ganancias por comisiones» establecidas en ventas de la Industria Militar, que «estuvieron plagadas de irregularidades».
Esta cantidad de dinero fue pagada mediante «varios cheques» de la dependencia del Ministerio de Defensa en su gran mayoría, aunque hay otras entidades del Estado, como la Policía Nacional Civil, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas y la Secretaría de Asuntos Administrativos de Seguridad.
En la emisión y autorización de los cheques participaron Mejía Girón y Santos Galindo, en su calidad de jefes del Departamento Financiero de la Industria Militar, quienes en conjunto con los otros señalados cometieron «varias conductas ilícitas para sustraer dicha cantidad de dinero del erario de la institución castrense».
Entre ellas, agrega la nota, está recrear la figura de representante de ventas incumpliendo la ley -ya existía el puesto-, y pagarle comisiones entre 5 y el 25 por ciento, una cantidad «excesiva e inoperante» que fue pactada «de manera antojadiza».
Además, en varios contratos no se prestaron los servicios del representante de ventas y sin embargo le fueron pagadas comisiones por ventas que no realizó, y algunas de las coimas fueron pagadas por entidades a las que le estaba prohibido vender, como el Organismo Judicial.
A juicio de los dos entes investigadores, el único fin de la red era «sustraer ilegalmente» casi 3,2 millones de dólares públicos, «ocasionando una pérdida patrimonial al Estado de Guatemala», aunque también obligaban a los empresarios que tenían una relación comercial con la Industria Militar a pagar un dinero para obtener contratos.
«Se logró establecer preliminarmente que los militares señalados recibieron mediante cheques la cantidad de 919.330 quetzales (unos 124.000 dólares) como cobro por la adjudicación de esos contratos» concluye la nota, una ilegalidad que a pesar de estar en conocimiento de las autoridades militares no provocó la adopción de «medidas correctivas» para preservar la custodia de los fondos públicos.
Es por ello que la Fiscalía y la CICIG, que aseguraron que los empresarios implicados será sujetos «a un procedimiento abreviado», imputarán los delitos de asociación ilícita, peculado y cohecho pasivo a Vega Chávez, Cotzojay Chajón y Santos Galindo, los mismos que al que está aún sin capturar.
A Hernández González, en cambio, lo acusarán de asociación ilícita y peculado.
