El titular de Defomin, Aldo Santos, confirmó que la nueva ley establece las causales de cancelación de permiso a una explotación minera y que tienen que ver con el incumplimiento de medidas de mitigación que se den a través de la licencia ambiental.
Asimismo, la falta de pago de los diferentes impuestos municipales y los mineros, así como cualquier otro motivo que comprenda el contrato.
Resaltó que dichas causales, “dan lugar a una cancelación definitiva de la concesión minera previamente establecida con las autoridades”.
La nueva Ley de Minería, fue aprobada en su tercer debate, la madrugada del jueves 24 de enero y consta de 112 artículos.
La normativa regula el derecho de dominio minero que tiene el Estado sobre los recursos minerales inorgánicos y fiscaliza el aprovechamiento técnico y racional de los mismos.
Además comprende la concesión y la explotación de recursos metálicos y no metálicos.
Parte de las obligatoriedades que se establecieron para los titulares de concesiones de explotación, abarca el pago de los tributos sobre la Ley del Impuesto sobre Ventas y el Impuesto al Activo Neto.
Además, las tasas por servicios y tributos establecidos en la Ley de Municipalidades, el Plan de Arbitrios Municipal, la Tasa de Seguridad y el derecho de Vigencia o Superficie (Canon Superficial Territorial).
Críticas a la ley
La Coalición Nacional de Redes Ambientales (CNRA) responsabiliza al Congreso Nacional, presidido por Juan Hernández, de confabularse con grupos económicos nacionales y transnacionales al aprobar la Ley de Minería que presenta fuertes indicios de inconstitucionalidad e irrespeta la vida humana y los bienes naturales.
Según la CNRA, en la ley se establecen únicamente plazos mínimos y no plazos máximos para la explotación, lo que en la práctica vuelve la concesión de tiempo indefinido. “A nuestro criterio es improcedente que el Estado otorgue concesiones por tiempo indefinido, por lo que estos plazos deberían ser máximos, ya que el artículo siguiente les otorga derecho a prorroga”, arguyen.
En tanto, aseguran que resulta contradictorio que mientras desde el Congreso Nacional se están revisando las exoneraciones, en esta ley se abren las puertas para otorgar estos incentivos, que en la práctica se convierten en sacrificios fiscales para el Estado a favor de una de las industrias más rentables en el mundo.
