Tegucigalpa – El representante de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, pidió sanción administrativa a los funcionarios que autorizaron el proyecto del Corredor Turístico.
“Tendría que haber una sanción administrativa por lo menos mientras el Ministerio Público hace sus diligencias con lo que corresponde a otras irregularidades”, reclamó Hernández.
Cabe recordar, que la semana pasada el Congreso aprobó la moción del diputado por el departamento de Yoro, Gabriel Rubí, de finalizar el contrato de la concesionaria del Corredor Turístico.
Detalló que la subintendencia de la Alianza Pública Privada (APP), informó que la concesionaria invirtió 40 millones de dólares en la obra.
Lamentó que el Gobierno a través de Coalianza cediera todo el proyecto a la concesionaria Autopistas del Atlántico S.A. de C.V.
“Hizo varias adendas que fueron nocivas para las empresas públicas y se tendrá que cancelar el contrato por mutuo acuerdo”, indicó.
Más temprano, la ministra de Finanzas, Rocío Tábora, dijo que la finalización del contrato del Corredor Turístico será de 80 a 90 millones de dólares.
Hernández afirmó que hay otros proyectos que presentan irregularidades como “los fideicomisos que se manejan de Energía Eléctrica (ENEE), Corredor Logístico hacia San Pedro Sula, proyectos del puerto de Henecán, aeropuerto de Palmerola y el Centro Cívico Gubernamental”.
