En la nota enviada este lunes al presidente del Congreso, José Alfredo Saavedra, la comisionada presidenta le indica que a raíz de su renuncia irrevocable—en espera de ser aceptada y ratificada por el Parlamento—el conflicto en el IAIP “se ha agudizado y la confrontación personal empeorado, no sólo entre los Comisionados, sino que ahora se ha extendido a los empleados, siendo lógico que la mayor perjudicada es la Institución, donde se vive un ambiente de tensión y hostigamiento con el resultado de ser una entidad prácticamente semiparalizada”.
“Durante este período ha habido presiones a esta Presidencia precisamente para legalizar todas las irregularidades denunciadas en su momento y que me obligaron a tomar la decisión de dimitir del cargo”, relata la comisionada Chíuz.
La nota enviada a la cámara legislativa tiene el propósito de que los legisladores resuelvan el caso del IAIP, considerado uno de los “rostros públicos” a favor de la transparencia en Honduras, al ser el encargado de poner en marcha la ley de transparencia y acceso a la información pública, aprobada hace más de dos años.
Pugnas internas orientadas a restar funciones a la Comisionada-Presidenta dentro del accionar administrativo, entre otras cosas, orillaron a Chíuz a presentar su renuncia irrevocable, que obligó al Congreso a nombrar una comisión especial para analizar la situación del IAIP y de sus comisionados.
La comisión legislativa, señaló a través de sus miembros, que comprobó en su informe que existen irregularidades que pretenden restar autoridad a la presidencia del IAIP y recomendó la sustitución de los tres comisionados que conforman la institución por considerar que están dañando la imagen del país a nivel interno y externo, así como afectando el ejercicio del derecho ciudadano a la información.
Los otros dos comisionados son los abogados Arturo Echenique y Gilma Agurcia, quienes se rehúsan a abandonar la institución por considerar que su renuncia es improcedente.
En este sentido, la comisión especial pidió un informe a la Procuraduría General de la República y otro al Tribunal Superior de Cuentas, mismos que fueron entregados y se espera que la cámara legislativa resuelva el conflicto al nombrar nuevos comisionados, según lo estableció la asamblea.
No obstante, han transcurrido cuatro meses del conflicto y el caso del IAIP ha ido para largo, sin percibirse un interés real de los diputados por poner fin a la disputa.
En su nota, la comisionada Chíuz indica que el informe del Tribunal Superior de Cuentas fue entregado al Congreso el 29 de octubre y “tenemos conocimiento que los hechos que motivaron mi renuncia fueron confirmados en ambos informes, el de la Comisión Especial del Congreso Nacional y el del Tribunal Superior de Cuentas, mostrando las irregularidades encontradas y además confirmando el conflicto existente entre los comisionados (…)”.
La comisionada Chíuz emplaza al Congreso para que le acepten la renuncia porque “considero que más de tres meses de permanencia en el Instituto después de mi renuncia es más que suficiente para que la misma sea aceptada”.
“He sido paciente y prudente esperando una determinación del Congreso Nacional pero no puedo mantener esta situación en forma indefinida ya que cada día que pasa se agudiza más el problema y se afecta más a la Institución”, sostiene Chíuz.
La comisionada Chíuz señala que de acuerdo al Código Penal, si el Congreso no resuelve el conflicto del IAIP y no se pronuncia sobre su renuncia, ella puede abandonar el cargo sin incurrir en responsabilidades de índole legal.
Extraoficialmente ha trascendido que los diputados analizan si dejarán la situación tal como está en el IAIP para endosársela al nuevo gobierno, o en caso contrario, ratificar a los comisionados Agurcia y Echenique en el cargo y nombrar solo el sustituto de Elizabeth Chíuz.
