Tegucigalpa – El Congreso Nacional comenzó este lunes, en la primera sesión del año y casi al cierre de la penúltima legislatura, con los proyectos legislativos para aprobar la Ley de Inteligencia Nacional, las Zonas Especiales Económicas, como se llama eufemísticamente a las Ciudades Modelo y la figura del Juicio Político.
La aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República quedó relegada para este martes.
El pleno conoció inicialmente la Ley de Inteligencia Nacional que fue introducida por el diputado nacionalista Rodolfo Zelaya.
Con dispensa de debates la Ley, contentiva de 33 artículos fue aprobada. La norma regirá a la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), comandada por el General de Brigada Julián Pacheco Tinoco y creada en mayo de 2012.
El sistema de Inteligencia Nacional que estará compuesto por la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Unidad de Información Financiera (UIF).
La normativa indica que las instituciones especializadas del Estado para la producción de inteligencia son: La Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Unidad de Información Financiera (UIF).
Igualmente indica que será obligación de las instituciones públicas brindar la información que le sea requerida por la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia; asimismo, las entidades privadas deberán cooperar brindando la información que les sea requerida a fin de apoyar el esfuerzo de inteligencia. A renglón seguido se advierte que el incumplimiento de esta obligación, dará lugar a sanciones administrativas, civiles y penales.
La Ley da vida a un Comité de Inteligencia Estratégica (CIE) como un ente técnico consultivo conformado por el Director Nacional de Investigación e Inteligencia, quien lo presidirá; el Director Nacional Adjunto de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia; el Director de Información Estratégica (C-2) de las Fuerzas Armadas de Honduras; el Director de Inteligencia Policial; el Director de la Unidad de Información Financiera; el representante del Ministerio Público; el Director de Lucha contra el Narcotráfico; representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el jefe de la División de Inteligencia de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, quien fungirá como Secretario de Actas.
En otro aparte la Ley indica que la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, podrá crear Unidades Especiales de Investigación e Inteligencia para la ejecución de sus operaciones.
Asimismo, se indica que los gastos realizados por la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia en la adquisición, contratación y ejecución de bienes, servicios, obras y recurso humano, que de hacerse en forma pública pondría en riesgo la seguridad nacional, la integridad del personal de inteligencia o sus fuentes de información, adquirirán la calidad de reservados.
Igualmente, la nueva legislación crea un programa de protección especial para agentes especiales y otros intervinientes del Sistema de Inteligencia Nacional, el cual estará a cargo de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia y tendrá como finalidad la protección y cobertura de los agentes especiales y otros intervinientes que realicen actividades de inteligencia y de las operaciones encubiertas.
La Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, deberá elaborar y presentar el reglamento de organización, funciones, presupuesto y procedimientos de investigación e inteligencia en un plazo no mayor de noventa días, indica la normativa.
Las Ciudades Modelo con otro nombre
Pero en la misma sesión el Congreso hondureño se introdujo el proyecto de las Zonas Especiales Económicas, mejor conocidas como Ciudades Modelo. El diputado proyectista fue Rodolfo Irías Navas, destacó que la iniciativa incluye distritos energéticos, centros financieros, cortes comerciales, zonas agroindustriales, mineras e industriales, entre otros.El Congreso Nacional determinó nombrar la Comisión dictaminadora de las Zonas Especiales Económicas, un proyecto que deberá ser aprobado antes del 25 de enero para que pueda ser ratificado en la última legislatura ya que la misma requiere reformas constitucionales.
Las Ciudades Modelo o Ciudades a la Carta aprobadas por el Congreso hondureño fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia.
Esa decisión judicial, según los diputados, es uno de los hechos en los que se originó en la defenestrada Sala Constitucional y que es considerada una de las causas del denominado golpe al Poder Judicial.
El Juicio Político
El paquete del leyes, anunciado con antelación por el vicepresidente de la Cámara Legislativa, el izquierdista Marvin Ponce, cerró con la introducción del anteproyecto del juicio político también se introdujo en el Cámara Legislativa.
Fue el vicepresidente del Congreso, Ramón Velásquez Nazar, quien introdujo el proyecto que también se turnó a la respectiva comisión dictaminadora.
Mario Pérez, Olban Maldonado, Agapito Rodríguez, Edwin Pavón, Germán Leitzelar, Erick Rodríguez, Orle Solís y Claudio Perdomo, integran la comisión dictaminadora.
“Estamos introduciendo lo del juicio político a efecto de un trámite o procedimiento que señale cuándo procede la remoción de un funcionario por violación a la Constitución o a las leyes de la República”, dijo Velásquez Nazar.
El anteproyecto de decreto establece que el juicio político podrá separar de sus funciones al Presidente de la República y magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Asimismo, podrá revisar la conducta administrativa de los poderes Ejecutivo y Judicial, Tribunal Superior de Cuentas, Tribunal Supremo Electoral, Procuraduría General de la República, Procuraduría del Ambiente, Ministerio Público, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Registro Nacional de las Personas, instituciones descentralizadas y demás del Estado.
En tanto, determina que cuando el Congreso Nacional haya procedido a revisar la conducta administrativa de los órganos del Estado señalados, lo que procede es revisar las actuaciones de los funcionarios que dirigen la administración pública y analizar su conveniencia con los intereses de la nación.
