“El día martes se van a plantear estos problemas, se va a hacer el planteamiento de los nuevos miembros, los que serán tomados de la lista de las personas que en su momento fueron propuestas por diversos organismos del Estado”, declaró el congresista a la prensa.
Reyes Avelar es diputado nacionalista por el departamento de Santa Bárbara y miembro de una comisión especial encargada de investigar reiteradas denuncias de irregularidades en el IAIP, marcadas por la renuncia de la magistrada presidenta Elizabeth Chiuz Sierra, el 1 de septiembre anterior.
Reyes Avelar dijo que en la sesión del martes conocerán un informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) sobre la problemática, en el cual, adelantó, “no se evidencian (por parte de los magistrados) actos reñidos con la moral desde el punto de vista de la corrupción”.
“El informe si alude a algunos errores, falencias, malos manejos en cuanto a actuaciones de documentos, ese es el fundamento de la investigación”, señaló.
“No es que haya habido de naturaleza amoral en cuanto al manejo de las cosas sino que entraron en una controversia en cuanto a quien tiene preeminencia en el manejo de las cosas del Instituto, de repente hay falta de claridad en la ley, pero se hará un estudio profundo para ver que cosas se pueden mejorar en la ley para que se evite este tipo de roces”, comentó.
Reyes Avelar recordó que hace algunas semanas el Congreso Nacional conoció un informe preliminar sobre la situación en el IAIP y decidió aceptar la renuncia de Chiuz Sierra y proceder a la destitución de los otros dos magistrados Arturo Echenique Santos y Gilma Agurcia.
CN no tiene potestad de destituirnos: Echenique Santos
“El Congreso Nacional no tiene facultades para destituir los comisionados del IAIP, tampoco para calificar la posibilidad legal o natural que imposibilite el ejercicio de las funciones de un magistrado”, dijo Echenique Santos.
Hacerlo, agregó, «sería una decisión política, solo se va a ratificar una violación más a la ley, se va a degradar la imagen de la república y ese va a ser el zarpazo más grande que se le está dando a la%26nbsp; transparencia».
Asimismo cuestionó el informe del TSC porque “no lo aprobó el pleno de los magistrados de ese organismo, como consecuencia el traslado de ese informe al CN es un acto responsable y punible del ex presidente del TSC, Renán Sagastume”.
El informe del TSE “es espurio, no tiene fuerza legal ni valor ético ni moral para servir de soporto a la destitución de los magistrados, el informe solo repite los chismes y las mentiras que la comisionada Chiuz presentó en su documento ante el Congreso Nacional”, señaló.
“En el informe no se nos formaliza ningún pliego de responsabilidades y de acuerdo a la ley del TSC eso significa que estamos exonerados, no tenemos ningún problema”, agregó.
Acusó a la comisión del TSC que investigó el caso de sólo reunirse con la comisionada Chiuz Sierra “lo que expresa parcialidad de esa comisión”.
“La única responsable de los actos irregulares, inclusive delitos que han querido esconder en la conducta de Chiuz, para el caso la reforma individual del presupuesto de la institución, las contrataciones directas, las ejecuciones presupuestarias al margen del pleno, lo que significa el manoseo de las consultorías con fondos internacionales del BM que ella sola hizo y que solo a un ciudadano le otorgó entre 70 y 90,000 dólares, y eso significa en alguna medida corrupción, y eso lo acredité con pruebas documentales”, señaló.
La elección de los magistrados del IAIP se realizó el 9 de agosto de 2007 «en un abrir y cerrar de ojos, en medio de las protestas de diputados del Partido Unificación Democrática (UD, de izquierda), y el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), quienes se levantaron de sus butacas para demandar que la escogencia fuese más democrática y amplia, sin ser escuchados.
