Solo 24 de los 34 países americanos han ratificado la Convención Interamericana de Derechos Humanos o «Pacto de San José», sistema integrado por la Comisión Interamericana (CIDH), con sede actual en Washington, y la Corte Interamericana (CorteIDH), con sede en San José.
Los Estados parte de la Convención resolvieron recomendar a la Organización de Estados Americanos (OEA), que se reunirá el próximo 22 de marzo en Washington para estudiar reformas, que asuma la plena financiación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
También se propuso que las ocho relatorías que vigilan el cumplimiento de diversos derechos civiles en el continente, sean consideradas «especiales» y gocen de una financiación adecuada.
El anuncio lo hizo el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, anfitrión de la cita, quien aseguró que el debate no estuvo alejado de controversias.
Sin embargo, dijo que los acuerdos alcanzados engloban el conjunto de posiciones presentadas para contribuir al fortalecimiento del sistema continental de derechos humanos y, a su vez, robustecer «la protección y promoción de la calidad de vida» de los pueblos en cada uno de los países del hemisferio.
Los Estados parte de la Convención sugerirán que se promuevan «estímulos positivos para lograr la adhesión de todos los Estados miembros de la OEA al Pacto de San José», señaló Patiño al leer los acuerdos alcanzados en la cita de hoy.
Asimismo, se acordó «designar una delegación de cancilleres de los Estados partes para que realicen gestiones directas con aquellos Estados que nos son parte de la Convención americana» para cumplir con la «universalidad» del sistema de derechos humanos.
También se encomendará a la CIDH «fortalecer los esfuerzos de promoción de los derechos humanos mediante el apoyo a los sistemas nacionales».
Convocar a todos nuestros países, como Estados parte, a asumir plenamente la financiación del sistema «a través del presupuesto ordinario de la OEA y de las contribuciones voluntarias de los Estados miembros de la organización» y otras que no sean «condicionadas ni direccionadas», añade la resolución.
La Conferencia también propuso que las ocho relatorías de derechos «sean consideradas especiales» y que se garantice su financiación para «el cabal funcionamiento de cada una de ellas».
Además se solicitará a la Secretaría General de la OEA que «presente un informe detallado de los costos del sistema interamericano de los derechos humanos».
En la próxima cita de la OEA en Washington se sugerirá la «conveniencia de que la sede interamericana de derechos humanos esté ubicada en un Estado parte», a diferencia de ahora que se encuentra en Estados Unidos, que no se ha adherido al «Pacto de San José».
Finalmente, la Conferencia recomendó «dar continuidad» a este foro «como espacio de diálogo permanente» y encargó a Ecuador coordinarlo.
Los Estados Parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos son Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
Los países de la OEA que aún no han suscrito el «Pacto de San José» son Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Canadá, EE.UU., Granada, Guyana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas.
