Exigen a la comunidad internacional “no reconocer este régimen violador de derechos humanos y continuador del golpismo”, se pronuncian en contra de la Comisión de la Verdad que se instalará mañana en Tegucigalpa, y expresan su apoyo a una instancia similar impulsada por grupos defensores de derechos humanos opositores a la actual administración pública.
Expresan su rechazo contra “la oligarquía y el régimen, los poderes fácticos, los militares golpistas, y el imperialismo gringo”.
Demandan “el regreso incondicional y seguro de nuestras exiliadas y exiliados políticos hondureños”, y exigen la destitución del ministro de Educación, Alejandro Ventura, a quien acusan de “impulsar el revanchismo político, el odio y la división en educación”.
También exigen la destitución del los magistrados de la Corte Suprema de Justicia “por golpista y servil”, del Comisionado de Derechos Humanos, Ramón Custodio López, del fiscal general, Luis Alberto Rubí, y el fiscal adjunto Roy Urtecho.
Asimismo demandan “la desmilitarización de la sociedad, el fin del intervencionismo político, económico, cultural y militar de los Estados Unidos, fuera bases militares y sus operaciones de territorio hondureño”.
Dicen rechazar “el proyecto de dominación y su lógica privatizadora de agua y energía a través de represas hidroeléctricas, mineras y demás proyectos de muerte”.
Llaman a apoyar su “proyecto de una asamblea nacional constituyente popular y democrática”.
Su tarea es, dicen, “refundar” Honduras, “convertirnos en un verdadero poder constituyente, en una fuerza política y social que borre para siempre el bipartidismo y los partidos tradicionales”.
