En un campo pagado en medios de comunicación, la cúpula empresarial pidió al Ministerio Público (MP), que tome declaración a los imputados en el crimen, entre ellos al presidente de Guatemala, Álvaro Colom, y a su esposa, Sandra Torres.
Según el CACIF, la indagatoria daría muestras de efectividad e independencia del MP, que «tiene la responsabilidad de llevar a cabo prontamente el proceso de investigación para esclarecer estos casos».
Los empresarios también solicitaron que se esclarezcan los asesinatos del industrial Khalil Mussa y su hija Marjorie, perpetrados en abril pasado y de los que Rosenberg era el abogado.
Rosenberg, en cuyo asesinato también se implica al secretario privado de la Presidencia, Gustavo Alejos, y al empresario Gregorio Valdez, fue asesinado a tiros el pasado 10 de mayo en un exclusivo sector del sur de la capital guatemalteca.
La cúpula empresarial demanda concretamente tomar declaración a las personas que están señaladas de haber participado en el asesinato del abogado, que se adopten medidas para evitar su fuga y que se presenten las denuncias a donde correspondan sin más demora.
«Utilizaremos todos los medios legales que sean necesarios para lograr que las autoridades encargadas de la investigación identifiquen claramente a los responsables y lleguen al fondo de estos condenables hechos», advirtieron los empresarios.
También manifestaron que «el sector empresarial no dejará un solo momento de acompañar el legítimo clamor por la justicia y el fin de la impunidad en el país».
El asesinato del abogado es investigado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que dirige el jurista español Carlos Castresana.
Hasta ahora no hay ningún capturado por este caso y la Fiscalía solo ha indagado al periodista Mario David García, quien grabó el vídeo, y al investigador Luis Mendizabal, quien lo hizo público.
Los señalamientos en contra del presidente, su esposa, Alejos y Valdez salieron a luz pública el 11 de mayo pasado en un vídeo que dejó grabado el abogado.
El fiscal general, Amilcar Velásquez, explicó que esperan contar con mayores elementos para indagar a quienes Rosenberg responsabiliza de su asesinato.
El asesinato de Rosenberg desencadenó un grave escándalo político y polarizó a la sociedad guatemalteca entre los que exigen la renuncia de Colom para que sea procesado por las acusaciones en su contra, y los que confían en él y le han mostrado solidaridad y apoyo.
El Gobierno insiste en la inocencia de los señalados y asegura que todo se trata de una conspiración para debilitar a la administración socialdemócrata de Colom.
