Tegucigalpa – Pese a que esta semana los juzgados nacionales ratificaron el pago de 556 millones de lempiras contenidas en dos demandas contra el Estado hondureño, fuentes de la Procuraduría General de la República (PGR) mencionaron que este 2014 han logrado ahorrar el pago de dos mil millones de lempiras en media docena de emplazamientos.
– La Procuraduría ha ganado media docena de demandas que superan los 2,500 millones de lempiras.
– El presidente Jorge Orlando Hernández volvió a cargar contra los abogados, jueces y magistrados por los fallos judiciales contra el Estado en las demandas interpuestas por las empresas en un tuit.
Así lo confirmó en comunicación con Proceso Digital el procurador general del Estado, Abraham Alvarenga, quien aprovechó la oportunidad para mencionar que en estas demandas de Pharmasula (126 millones) y Tradeco (430 millones) aún faltan agotarse varios recursos contenidos en las leyes nacionales.
Hace unas horas, el propio presidente Juan Orlando Hernández tuiteó «basta ya a los abusos de abogados, jueces y magistrados en contra del pueblo hondureño».El mandatario había ordenado el jueves al jefe de Inteligencia del Estado, general Julián Pacheco Tinoco, investigar «las demandas amañadas» que la administración pública enfrenta en estos momentos.
Hernández señaló que «quiero pedirle al general Julián Pacheco que por favor, digo por favor porque venimos de Occidente, pero es una orden general, proceder de inmediato a investigar todos esos juicios que el procurador general de la República está preocupado porque pueden agarrar una línea que no es la de la justicia».
Actualmente el Estado hondureño enfrenta alrededor de un poco más de dos mil 500 demandas que alcanzan los seis mil millones de lempiras, acumuladas en los últimos diez años, informó el titular de la PGR, Abraham Alvarenga.
«Esas dos mil demandas están activas, de acuerdo a lo que hemos investigado en el lapso de la última década», dijo el funcionario.
Fallos de últimas demandas
Al concluir la presente semana trascendió que el Estado hondureño volvió a sufrir un revés en los juzgados de la República. Esta vez la empresa Sociedad Tradeco Infraestructura, S.A. de C.V., fue favorecida con un fallo por una demanda que asciende a 430 millones de lempiras por incumplimiento de contrato por parte de la desaparecida Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi), ahora Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep).
El procurador Alvarenga refirió que la empresa Tradeco demandó al Estado en 2007, aunque el fallo condenatorio fue dictado hasta el 11 de noviembre 2010. «De ahí se procedió a los recursos de apelación, de casación, hasta llegar a la resolución de los últimos días.
El funcionario relató que inicialmente la demanda de Tradeco era de un poco más de 200 millones de lempiras, sin embargo ahora la misma asciende a 430 millones debido a «sobrecostos», según reza la ratificación de la sentencia.
Juicios largos construyen montos exorbitantes
A la consulta del porqué deciden alargar los juicios que al final se traducen en montos millonarios en detrimento de las finanzas públicas, Alvarenga señaló que «así operan casi todas las instituciones del Estado», entre las que mencionó: «Soptravi, Finanzas, Procuraduría, el mismo (Poder) Ejecutivo, el propio Congreso si no aprueba la partida presupuestaria para pagar».
Continuó que «si sólo fuera la Procuraduría General de la República la que dijera voy a pagar… la cosa es que hay que actuar todos en consonancia y cuesta mucho conseguir la voluntad de toda esta gente».
«La misma ley nos obliga a instar todos los recursos, nuestra obligación es agotar todos los instrumentos jurídicos», dijo.
El número uno de la PGR reconoció que otra opción sería coordinar acciones con la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que los fallos no sean retardados, lo que al final hace que los montos se dupliquen y en otras ocasiones alcancen cifras impensadas.
«Eso también depende de la mora judicial que la Corte tenga y la agilidad que dispongan para resolver los recursos. Esa opción es factible siempre y cuando obtengamos resoluciones dentro de los plazos», reiteró.
En el caso del fallo a favor de Pharmasula que condena al Estado a pagar 126 millones de lempiras, el procurador expresó que todavía está pendiente que se resuelva un recurso de reposición y la nulidad de la notificación.
Este caso ha estado en la palestra pública luego que se integró una Sala de lo Constitucional con tres magistrados alternos, debido a que tres de sus miembros titulares estaban fuera del país. Luego se conoció que la firma de la magistrada Estela Cardona fue falsificada ya que ésta no formó parte de los altos jueces que conoció la millonaria demanda. Sin embargo, fuentes oficiales de la CSJ calificaron la acción como «un error simple» y alegaron que el fallo fue proporcionado en legal y debida forma.
«Queda pendiente que se tramite el recurso de apelación porque el amparo era el que suspendía la ejecución del acto impugnado, pero quedamos un poco complicados al levantar la suspensión del acto», reseñó Alvarenga.
Finalmente, recomendó «orientar la responsabilidad de los funcionarios públicos que toman decisiones, muchas veces, en perjuicio de los intereses del Estado y actúan al margen de la Ley de Contratación del Estado y Ley de Procedimientos Administrativos».
La PGR cuenta con un cuerpo de 72 abogados, aunque tomando en cuenta los profesionales del derecho que integran los departamentos legales de las instituciones del Estado la cifra alcanza los 512.
Entre las instituciones que más son denunciadas por incumplimientos de contratos están: Soptravi y Salud. Por otras causas como demandas laborales encabezan la lista: Educación, Finanzas, Hondutel, Seguridad, entre otras.
