– Washington conformó una unidad para investigar a Juan Carlos Bonilla, actual director de la Policía hondureña, por su presunta participación en ejecuciones extrajudiciales entre 1998 y 2002.
En un foro en el centro de estudios Diálogo Interamericano en Washington, Jacobson destacó la «voluntad política» que ha acompañado el proceso que comenzó a principios de 2012 para limpiar a la Policía hondureña de la delincuencia infiltrada.
«Hemos determinado que queremos continuar trabajando con la Policía en capacitación y entrenamiento, pero realmente el proceso de depuración y de reforma policial es una de las cosas más importantes, porque si no, la asistencia que podemos ofrecer no sirve», indicó la responsable para Latinoamérica.
Honduras tiene una de las tasas de homicidios más altas del continente, de 85.5 por cada 100,000 habitantes en 2012, según datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
La rectora de esa universidad, Julieta Castellanos, recibirá este viernes un premio del Departamento de Estado por su trabajo para impulsar la reforma de la Policía, después de que su hijo Rafael fuera asesinado a finales de 2011 en un suceso en el que están involucrados miembros de la Policía.
Castellanos, que estuvo presente en el foro, es «una persona que ha convertido una tragedia personal inimaginable para todos nosotros» en un esfuerzo que puede beneficiar a toda la comunidad hondureña, afirmó Jacobson.
«Para Estados Unidos es obvio que este no es solo un problema de criminalidad, sino institucional», subrayó la funcionaria, que consideró necesario además «invertir en programas de prevención, para no tener que combatir el mismo problema generación tras generación».
El Gobierno de Barack Obama ha financiado en Honduras un total de 32 centros comunitarios «que ofrecen un lugar seguro para los jóvenes después del colegio» y les proporcionan capacitación para distintos oficios, y ha invertido más de 200 millones de dólares en infraestructuras y apoyo a los agricultores, explicó.
Jacobson destacó la «voluntad política» del Gobierno de Porfirio Lobo para enfrentar la corrupción y los vínculos con el crimen que atraviesa la policía hondureña.
«Pero tenemos que hacer más, para que el sistema sea realmente abierto a la sociedad, a la ciudadanía, y que la gente tenga acceso a las instituciones», insistió. «Por eso queremos seguir trabajando con Honduras».
Investigan a “El Tigre” Bonilla
El pasado agosto, el Departamento de Estado conformó una unidad para investigar a Juan Carlos Bonilla, actual director de la Policía hondureña, por su presunta participación en ejecuciones extrajudiciales entre 1998 y 2002, de las que fue absuelto por un tribunal hondureño en 2004.
La llamada Ley Leahy obliga al Departamento de Estado a revisar «toda la información sobre las personas o instituciones que van a recibir asistencia», y obliga a paralizar los fondos enviados a dichas unidades en caso de que hayan cometido violaciones de derechos humanos.
Jacobson indicó que el Departamento de Estado «aún está revisando» el caso de Bonilla, pero por lo demás ya ha tomado la decisión de continuar con la asistencia a la policía hondureña.
Estados Unidos proporciona helicópteros y asesora en tareas de apoyo a la policía hondureña, algo que Castellanos, quien considera que la reforma avanza demasiado lentamente, ve con buenos ojos.
«El país no puede quedarse solo en esta lucha contra el crimen organizado», señaló la activista hondureña en una entrevista.
«Si esperamos a que la Policía sea depurada para que intervengan otros países, probablemente ese momento no va a llegar», continuó. «Nosotros planteamos que el apoyo internacional sea simultáneo al proceso de depuración policial».
