Menciona la reinstauración de los sábados cívicos, el papel que pueden jugar en la recuperación de espacios públicos frente a la inseguridad; los días de clase recuperados, las pruebas en Español y Matemáticas, la recuperación de la gobernabilidad y de la autoridad en la Educación.
No han sido tareas fáciles, pero ahora sostiene deja una plataforma tecnológica, y aunque no explica como ya que en la mayoría de los centros educativos e carece de Intenet, dice que los maestros podrán comunicarse directamente con las autoridades.
Al abordar la espinosa corrupción magisterial y su lucha por adecentar el magisterio, salta en la agenda el tema del “efecto Gordillo” mexicano. Los detalles que revela el ministro Escoto podrían simular una réplica, en pequeño y con algunas características, de ese fenómeno que ha golpeado fuertemente al gremio magisterial en México.
En Honduras, revela Escoto existen varios lazos en común, incluso hay acciones judiciales que se encuentran paradas, la labor de la Secretaría de Educación es administrativa, pero explica el por qué dentro de esas funciones les está pidiendo cuentas a los gremios magisteriales para que digan en qué invierten casi 900 millones de lempiras que reciben anualmente en conjunto de las cuotas de los maestros.
Siguiendo la ley, dijo que todos los directivos son ilegales si se aplica el criterio de la Secretaría del Interior y Población al grado que no descarta que un escenario posible sea el congelamiento de cuentas si se resisten a cumplir con la ley. Escoto se desnuda y frontal, como ha sido su estilo cuenta lo que están haciendo en esa dependencia, mientras devela la impunidad con la que a su juicio, ha venido laborando la dirigencia magisterial. Este es su relato, en nuestra segunda entrega:
Llegamos a los procesos electorales internos y nos habían dicho que todos los centros educativos se utilizaban para votar y no era cierto, solo el 20 por ciento de los centros educativos sirven como centros de votación. En años de elecciones internas las clases se terminaban el 30 de octubre, para preparar las elecciones, por lo que perdíamos el mes de noviembre y no iniciaban en febrero sino en marzo entonces perdíamos dos meses. Pero el año anterior volvimos a abrir las escuelas después del período electoral y no solo eso, ampliamos el período lectivo hasta diciembre.
Esos dos fenómenos nunca habían sucedido en Honduras, puede haber críticas sobre la ampliación si fue efectiva o no, pero lo que sí estaba claro es que había una disposición, que fue acatada por un gran porcentaje docente, y eso es una demostración de recuperación de la autoridad, porque después de tener gobernabilidad, hay que tener autoridad.
En noviembre de 2012 Honduras por primera vez evalúa de manera censal a todos los niños, lo que significa a todos, en el área de Matemáticas y Español, nunca se había hecho una evaluación censal, allí se rompe un tema histórico de decir: no podemos.
Lo hicimos a pesar de todos los inconvenientes y tuvimos más del 90 por ciento de participación de 1.7 millones de escolares. Hay una expresión de recuperación de gobernabilidad pero no nos podemos quedar en eso, inmediatamente trabajamos en cómo aprovechar la gobernabilidad para mejorar los indicadores en la educación.
En el 2013 tiene programas importantes como los sábados cívicos, que fueron cancelados en el año 78, otras los mantuvieron, algunas mantuvieron el lunes cívico que era un pequeño acto a inicio de la semana pero los sábados cívicos están en la ley, la que establece que la jornada de trabajo es de lunes a sábado, pero cuando el país quita el sábado cívico pierde la mitad del viernes porque los profesores, en su mayoría, no residen en sus lugares de trabajo, se van los viernes por la mañana a sus lugares de origen, entonces se pierde la mitad del día. El sábado cívico arrastra de alguna manera la mitad del viernes que estábamos perdiendo y agrega 20 días al calendario escolar.
También el calendario cívico retira los feriados que no es lo mismo que las celebraciones. Todas las celebraciones a las cuales Honduras está adscrita se van a hacer en los centros, pero no van a ser feriados. Los feriados que están en el calendario son la Semana Santa, el 3, 12 y 21 de octubre, se quitó la semana del profesor, del estudiante y con esos días el calendario tiene 257 días, pensando en hacer primero alguna compensación que algún centro educativo por alguna particularidad deban de suspender clases.
La ley establece 200 días de clases mínimo, eso no significa que es el techo, los 200 son lo mínimos. En el 2012 nos toca alargar hasta el mes de diciembre porque las paralizaciones se alargaron al mes de agosto, frente de un cierre de año, la aspiración es no pasar de noviembre, pero si un centro pierde muchas clases debe recuperarlas.
Volviendo al sábado cívico, éste tiene una propuesta basada en valores, recuperación de la identidad, la solidaridad, la promoción del tema cultural tradicional del país, los que fundaron el Estado: los Próceres desde la perspectiva de estadista, no de dibujo animado, porque algunos niños creen que los próceres son dibujos animados. Durante los sábados cívicos los niños no llevan uniforme, tampoco están dentro del aula, sino que interactúan, lo más grandiosos de los sábados es que hemos encontrado que los padres de familia están yendo con sus alumnos a la escuela, es un reencuentro entre padre, niños y profesores.
Quizás lo que tenemos ahora como sociedad es producto de lo que dejamos de hacer en educación, en la casa y en el centro educativo. También estos sábados son espacios públicos que podemos rescatarlos y que en cierta medida se han perdido a causa de la inseguridad. Hoy buscamos con esta modalidad rescatarlos.
El 2013 también tiene cosas que probablemente sean irreversibles, quisiéramos que el sábado cívico se mantuviera siempre y que los padres se apoderaran de ello.
Vamos ahora a la evaluación docente, que nunca se ha practicado en Honduras. Este año también es para la Secretaría un desafío tecnológico, no se puede concebir la educación sin tener acceso a la plataforma virtual de la Secretaría, todos los productos son individualizados para cada profesor, la evaluación va a ser en línea, la capacitación en el mismo sistema porque no podemos albergar a 50 mil profesores en capacitación, pero si podemos crear 50 mil espacios en una plataforma para que los maestros tengan esa oportunidad.
Esos desafíos tecnológicos son tan importantes como agregar más profesores al sistema y eficientar los niveles de comunicación entre el Estado y los maestros. Muchos reclamos pudieron ser resueltos si estuvieran estos mecanismos, por ejemplo, una manifestación por el no pago de un salario, es un reclamo individual, pero en Honduras se admite como un reclamo colectivo y ese reclamo individual tiene un procedimiento de derecho: el reclamo individual del empleado por la vía administrativa y establece tiempos y después de los tiempos el derecho a protesta, pero aquí lo tomamos inmediatamente como un derecho colectivo y en lugar de seguir un procedimiento vamos al último que es la parte reaccionaria y todavía lo seguimos viendo. Sin embargo, si el Estado establece mecanismos directos con el maestro, éste tendrá la noticia oficial.
Hemos lanzado el diario digital de la Secretaría de Educación que es el sitio oficial de la información, ahora le decimos al maestro que entre a la página de la Secretaría y encontrará textualmente las indicaciones y los contenidos de los oficios que tienen relación con su actuar, ya el docente no tiene que escuchar el mensaje tergiversado que tradicionalmente se le tira, el ministro decide un tema, lo establece, pero el interlocutor no siempre trasladaba los contenidos en la forma en que estaban enfocados.
Hoy el profesor puede abrir su cuenta y encontrar allí la información oficial que le permite ver los límites, los contenidos y las responsabilidades y tener su criterio sobre una directriz sin que le sea tergiversada. Esa es una herramienta de comunicación que ha quedado en el ciberespacio y que además contempla otra serie de situaciones no sólo el envío de comunicados, sino rincones infantiles, el espacio de los docentes, es interactivo, porque le permite decir éste es el Estado, es mi patrono, aquí están mis instrucciones que antes el Estado perdió porque hace muchos años entregó el sistema.
Hablando de los derechos individualizados, ¿cómo está el Estado con el pago de los docentes hasta este momento?
El mes de febrero pagado, en su totalidad. No hay pagos de salarios mensuales, no, la Secretaría tenía una lista de deudas que de 100 por ciento de las deudas que se tenían estamos en un 30 por ciento, el resto no pudo ser documentado. Las deudas de 2008 y 2009 eran inventadas en su mayoría, hablamos de salarios mensuales y eso no tiene deudas.
¿Pero hay alguna mora pendiente?
Sí, hay 600 millones (de Lempiras) que se van a pagar de forma diferida en cuotas similares hasta diciembre.
¿A qué se debe eso?
A la corrupción que no pudimos desvirtuar, habían sido bien documentados, nosotros no podemos revertir alguna documentación que es oficial, que es legal pero que realmente eso no se laboró.
Hablando de la corrupción ministro, usted apuntaba que el “efecto Gordillo” no escapa de tocar Honduras, pero ¿podría llegar con nombres y apellidos?
En México todos sabían que (Elba Esther) Gordillo era corrupta y lo admitieron y negoció con dos o tres gobiernos durante 23 años. Todos sabían que era corrupta. Tal vez, el error de ella fue desafiar al presidente (Enrique) Peña Nieto con uno de los temas que él priorizó que era la educación. Desafiar un presidente significaba ganar o perder y ella perdió por la vía que quizás ella menos esperaba, con un concepto que el presidente Peña Nieto lo dijo en la primera conferencia de prensa, que los fondos aportados por los docentes a los gremios siguen siendo de los docentes y en ningún momento le pertenecen a los que dirigen, por lo tanto ellos se convierten en plenos administradores y deben de dar cuentas de la administración.
Ese fue el principio administrativo, pero el presidente anterior sabía cómo funcionaba uno de los sindicatos más poderosos de América Latina. México fue a las pruebas PISA que es la prueba mundial de rendimiento y quedó en último lugar y allí se dio cuenta que México solo entrega 600 horas de clase al año de mil 200 que entrega Corea o mil 400 horas que hace Japón o mil 100 que hace Canadá, incluso Honduras tiene más horas que México, pero México es el país que más dinero invierte de su Producto Interno Bruto en Educación, después de Nueva Zelanda. México invierte el 20 por ciento del PIB, Honduras ha llegado hasta el 7 u 8 por ciento y ahora tiene el cuatro o cinco por ciento, entonces el 20 por ciento del PIB mexicano es una cantidad de dinero razonable para un país que es grande, los mexicanos sabían en dónde estaba el problema.
¿Cuántas horas son aquí en Honduras?
Son mil horas. Estamos en el rango. México daba 600, ellos sabían dónde estaba el problema, pero el gremio se mezcló con el político, ella creó un partido político, tenía diputados, un pariente suyo era vice ministro de educación, era una red fuerte. En Honduras desde siempre se supo quienes componían y administraban el magisterio.
¿Tenemos en Honduras esa voluntad política del presidente Peña Nieto para que el “efecto Gordillo” llegue a ser tan tangible como en México?
Antes de que Peña Nieto fuese presidente empezaron a aparecer noticias en México, de que se podía vender, permutar y heredar una plaza legalmente, en Honduras esto se hacía, pero es ilegal, y nosotros en las conversaciones decíamos que México se parece a Honduras porque no sabe cuántos profesores tiene, pero México dio un paso fuerte y rápido después de la intervención del sindicato, que tiene que producir efectos en la calidad educativa porque si solo van a cambiar de presidente y no hay reestructuración, el golpe ha sido político y no estructural.
Qué de esos elementos tienen el sistema hondureño: casi la mitad de los actuales dirigentes magisteriales tienen juicios pendientes, la mitad de ellos fueron miembros de la Junta de Dirección del Inprema y esos tienen juicios por abuso de autoridad, malversación de fondos, acusados por la Fiscalía y en los últimos meses han comparecido, se ha retrasado el proceso que hace un buen rato está en Honduras. La responsable es la Fiscalía del Estado, el resto es el Tribunal Superior de Cuentas y la Corte Suprema de Justicia. Nosotros no somos tribunal, nuestras competencias son administrativas. Desde el Ejecutivo, lo más cercano es el llamado que hizo la Secretaría del Interior y Población a todas las entidades que tienen personería jurídica a que evidencien el cumplimiento bajo el cargo que se le fue entregado y asómbrese, aparece que ningún colegio magisterial está registrado, por lo tanto todas las juntas directivas actuales son ilegales frente a la Secretaría de Interior y Población, que es la que da fe de la existencia formal y legal de las organizaciones, eso me lo expresó hace aproximadamente un mes el ministro del Interior.
Administrativamente casos judiciales hay, ¿cómo avancen o no? eso depende de cómo funciona el sistema hondureño, pero la parte administrativa más cercana a este tema y que puede evidenciar y dar elementos a la misma Fiscalía es lo que está haciendo la Secretaría del Interior al decir: señores ustedes están ilegales, deben de registrarse y al registrarse también deben de cumplir con los requisitos que establece mantener vigencia en la personería jurídica, que entre otros, manda a entregar los estados financieros y de ingresos y el balance que ellos se niegan a hacerlo, ya hay un desafío frente a su existencia como figura legal, frente a eso la Secretaría de Población ha dado un tiempo para recibir información sino congelaría las cuentas que esa sería una intervención administrativa de congelar las cuentas de los gremios.
Lo otro es lo que la Secretaría ha hecho en las últimas horas, pedir a los gremios que informen lo que hacen con las cotizaciones que reciben de sus agremiados en el entendido que la Secretaría es co-gestor de esos fondos y que mensualmente la Secretaría avala esas transferencias al hacerle las deducciones al profesor y que hasta ahora no dice qué hace, frente a las peticiones masivas que hemos tenido en los últimos días de profesores que piden a las Secretaría que solicite esa información porque a ellos no se las entregan.
Entonces tenemos esa obligación no solo con los profesores que son empleados sino por el hecho de que avalamos ese tipo de transferencias, al no entregar de forma transparente y ordenada de cómo se han invertido esos recursos, primero, por no estar inscritos y estar ilegales en la Secretaría del Interior y Población, por otro lado, la Secretaría de Educación al no informarle correctamente de lo que hacen con los recursos, no haría más transferencias y en ese momento se puede producir un fenómeno de inamovilidad financiera que obligaría a los miembros de eso colegios a pedir intervención de la Fiscalía General del Estado, hasta ese momento tanto la Secretaría del Interior y Educación sólo pueden aplicar medidas administrativas, porque no tiene más competencias, pero esa inamovilidad puede producir una reacción de los dirigentes o de los miembros, podría generar una reacción de la Fiscalía.
¿En aportaciones gremiales, cuánto es lo que se traslada de Finanzas a los colegios magisteriales?
Lo que nosotros damos fe es de 900 millones de lempiras al año, ya para 2013 parte esas transferencias no se hace porque se quitaron los préstamos, se quitaron hipotecas, solo quedaron cotizaciones sindicales. Hay colegios que reciben 45 millones al año de aportaciones sindicales, estamos hablando de un volumen de dinero qué deben evidenciar en qué se invierte, no estamos hablando de fondos para mantener la administración, estamos hablando de recursos suficientes para tener inversiones, otro tipo de servicio. Lo que ha hecho la Secretaría que lanzó un programa con el Inprema son programas de rescate al colapso financiero que los mismos gremios metieron a sus afiliados, en deudas sin avales porque la Secretaría las cobraba a la fuente, entones eso permitía casi retirar todo el salario. Al quitar esas deducciones que no eran aportaciones sindicales, los profesores quedaron con deudas hasta con 10 instituciones distintas con tasas en caso de las tarjetas de crédito hasta del 60 por ciento y el Plan Consolida—que lanzamos–son fondos de Inprema que es de ellos. El Inprema compra esa deuda, amplía los plazos y reduce intereses al 18 por ciento, van a pagar el capital pero van a pagar menos intereses, casi la mitad de lo que tenían proyectado por lo que genera un poco de oxígeno en tres mil profesores que no reciben ni un lempira y ellos entran en ese período de rescate que ellos habían metido con negocios avalados por la Secretaría, porque la Secretaría les había hecho las deducciones.
