Miami (EEUU) – Los muchas veces cuestionados procesos judiciales de los reos hispanos condenados a muerte en Texas (EEUU), así como el dolor de sus familias y de los propios presos, son el sustento de «El Protocolo de la Muerte», libro de la periodista mexicana Martha Patricia Giovine.
Giovine, quien ha cubierto desde 1993 las ejecuciones y procesos judiciales del llamado Pabellón de la Muerte, dijo hoy que tomó el titulo de su libro, que salió esta semana al mercado, de lo que las autoridades penitenciarias denominan como el «protocolo» que lleva a una ejecución.
«La idea de escribir surge a partir de mi acercamiento al caso del mexicano César Fierro y su familia, quien lleva ya 33 años en prisión y ha estado en 15 ocasiones a punto de ser ejecutado», señaló la periodista, residente en El Paso (Texas).
Fierro fue condenado a muerte en 1979 por el asesinato en esa ciudad del taxista Nicolás Castañón.
El caso de Fierro, dijo Giovine, «es uno de los más sintomáticos de la pena de muerte en Texas. La investigación que se llevó a cabo cuando lo detuvieron fue más que cuestionable y es poco comprensible por qué nunca se ha reabierto, aun cuando un juez en 1995 dijo que debería ser juzgado nuevamente porque encontraba irregularidades tanto la investigación como en el juicio, pero luego una Corte de Apelaciones lo negó».
Giovine afirmó que gracias a su trabajo como reportera en Texas conoció la situación de estos condenados a muerte «y su indefensión dentro de un sistema completamente desconocido para ellos y que los supera».
La periodista ha sido colaboradora de publicaciones de su país como La Jornada y Proceso, de medios en Estados Unidos como La Opinión de Los Ángeles, El Diario de El Paso y de las agencias AFP, Reuters y Efe, con la cual colabora actualmente.
Agregó que los condenados a muerte en el Texas «están aislados en pequeñas celdas de concreto, no tienen comunicación con otro ser humano ni contacto con el mundo exterior, solo salen una hora al día para hacer ejercicio, están absolutamente solos esperando su ejecución».
Una muerte que a veces ocurre antes de conocerse que se había ejecutado al hombre equivocado, «como fue el caso de Rubén Cantú, que después de más de una década, testigos dijeron que él no estuvo en el lugar del crimen, pero ya había sido ejecutado».
«Así como las familias de las víctimas tienen el derecho de que se haga justicia, los condenados tiene también el derecho de tener todas las herramientas para pelear sus casos y contar con la asesoría de sus Gobiernos», señaló.
La periodista destacó que la acción de México era muy limitada hasta 2003, cuando demandó a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para que respete el tratado que suscribió en 1963 sobre el derecho a la notificación consular.
La CIJ, en el llamado Fallo Avena, determinó en 2004 que EEUU debía revisar el caso de José Ernesto Medellín y 51 mexicanos condenados a muerte.
«Todos los estados (de EEUU) acataron ese fallo excepto Texas que procede con la ejecución de Medellín -que la periodista presenció- y luego la de Humberto Leal», dijo Giovine sobre la situación en este estado, en el que hay 13 mexicanos y otros 7 latinoamericanos condenados a ser ejecutados por inyección letal.
Tras esta experiencia, Giovine concluyó que lo que más le ha impactado de todos estos años «es estar cerca de las familias de las víctimas, pero también de las de los condenados, porque esas familias no cometieron un crimen y terminan siendo unas víctimas».
«La idea de escribir surge a partir de mi acercamiento al caso del mexicano César Fierro y su familia, quien lleva ya 33 años en prisión y ha estado en 15 ocasiones a punto de ser ejecutado», señaló la periodista, residente en El Paso (Texas).
Fierro fue condenado a muerte en 1979 por el asesinato en esa ciudad del taxista Nicolás Castañón.
El caso de Fierro, dijo Giovine, «es uno de los más sintomáticos de la pena de muerte en Texas. La investigación que se llevó a cabo cuando lo detuvieron fue más que cuestionable y es poco comprensible por qué nunca se ha reabierto, aun cuando un juez en 1995 dijo que debería ser juzgado nuevamente porque encontraba irregularidades tanto la investigación como en el juicio, pero luego una Corte de Apelaciones lo negó».
Giovine afirmó que gracias a su trabajo como reportera en Texas conoció la situación de estos condenados a muerte «y su indefensión dentro de un sistema completamente desconocido para ellos y que los supera».
La periodista ha sido colaboradora de publicaciones de su país como La Jornada y Proceso, de medios en Estados Unidos como La Opinión de Los Ángeles, El Diario de El Paso y de las agencias AFP, Reuters y Efe, con la cual colabora actualmente.
Agregó que los condenados a muerte en el Texas «están aislados en pequeñas celdas de concreto, no tienen comunicación con otro ser humano ni contacto con el mundo exterior, solo salen una hora al día para hacer ejercicio, están absolutamente solos esperando su ejecución».
Una muerte que a veces ocurre antes de conocerse que se había ejecutado al hombre equivocado, «como fue el caso de Rubén Cantú, que después de más de una década, testigos dijeron que él no estuvo en el lugar del crimen, pero ya había sido ejecutado».
«Así como las familias de las víctimas tienen el derecho de que se haga justicia, los condenados tiene también el derecho de tener todas las herramientas para pelear sus casos y contar con la asesoría de sus Gobiernos», señaló.
La periodista destacó que la acción de México era muy limitada hasta 2003, cuando demandó a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para que respete el tratado que suscribió en 1963 sobre el derecho a la notificación consular.
La CIJ, en el llamado Fallo Avena, determinó en 2004 que EEUU debía revisar el caso de José Ernesto Medellín y 51 mexicanos condenados a muerte.
«Todos los estados (de EEUU) acataron ese fallo excepto Texas que procede con la ejecución de Medellín -que la periodista presenció- y luego la de Humberto Leal», dijo Giovine sobre la situación en este estado, en el que hay 13 mexicanos y otros 7 latinoamericanos condenados a ser ejecutados por inyección letal.
Tras esta experiencia, Giovine concluyó que lo que más le ha impactado de todos estos años «es estar cerca de las familias de las víctimas, pero también de las de los condenados, porque esas familias no cometieron un crimen y terminan siendo unas víctimas».
