Tegucigalpa – Un estudio realizado por la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) concluye que en 2017 el Índice de Impunidad en Homicidios en Honduras mejoró en nueve puntos, es decir que 13 de cada 100 muertes violentas son investigadas, judicializadas y reciben sentencias condenatorias.
-Gracias a Dios, Colón, Atlántida, Yoro, Cortés y Santa Bárbara presentan la tasa de impunidad más elevada; mientras los de más baja impunidad son Choluteca, Lempira, Comayagua y Copán.
Para llegar a la anterior conclusión el estudio analizó la efectividad del Sistema de Administración de Justicia Penal para castigar el delito de homicidio durante el período comprendido entre los años 2010 y 2017.
El reporte denominado “Segundo informe sobre la impunidad en homicidios” establece que el número de homicidios en Honduras pasó de 6 mil 757 en el año 2013 a 3 mil 866 en 2017, mientras que el número de sentencias condenatorias fue de 298 en 2013 a 491 en 2017. Una conclusión del informe establece que la reducción de la impunidad en homicidios se debe, entre otros factores, a una reducción sustancial del número de muertes violentas, la mejora en la calidad de los expedientes de investigación criminal y los requerimientos fiscales, y un incremento moderado de las sentencias condenatorias en los departamentos de Copán, Comayagua, Lempira y Choluteca.
Como punto comparativo se estable que en el período de análisis se registraron la mayor cantidad de homicidios (7 mil 172) y la menor (3 mil 866), respectivamente; esto equivale a una reducción en la tasa de homicidios, de 85.5 a 43.6 por cada 100 mil habitantes. Ese fue un factor determinante para reducir el índice de impunidad en homicidios en Honduras.
El informe presentado en Tegucigalpa, capital del país, también señala que el año 2012 fue el año más violento con 7 mil 172 homicidios registrado.
Cabe señalar que el análisis recoge datos registrados por la Unidad de Estadística del Centro de Documentación e Información Judicial (CEDIJ) del Poder Judicial y los boletines nacionales del Observatorio de la Violencia del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), así como mediciones internacionales como el Índice Global de Paz del Instituto para la Economía y la Paz y el Informe Latinobarómetro 2018.
Entre las recomendaciones se subraya que se debe fortalecer la institucionalidad en Honduras.
En ese sentido, el director ejecutivo de la ASJ y representante de Transparencia Internacional (TI) en Honduras, Carlos Hernández, expresó que “es necesario fortalecer la institucionalidad en materia de investigación criminal y las capacidades profesionales del recurso humano que labora en ellas, especialmente de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI)”.
Es oportuno mencionar que según IUDPAS entre 2016 y 2018 la percepción de inseguridad a nivel nacional incrementó a 17 % a nivel nacional.
Hernández agregó que “de la calidad de los expedientes de investigación dependerá la calidad de los requerimientos fiscales a ser presentados y de la calidad de los requerimientos presentados, dependerá el éxito en el juicio en contra de quienes cometieron el delito de homicidios”.
De la mismo forma, Hernández, puso en relieve que el documento presentado por la APJ revelaba que los más alto índices de impunidad en homicidios se dan en los departamentos en donde históricamente el narcotráfico ha operado, por lo que se deben tomar medidas extraordinarias en esa región del país; “los departamentos de Gracias a Dios, Colón, Atlántida, Cortés y Santa Bárbara son los que más elevada tasa de impunidad tienen; ahí habrá que poner empeño y fortalecer la presencia de policías, agentes de investigación, fiscales, jueces y magistrados”, apuntó.
Finalmente, el estudio recomienda efectividad en la inversión en la nueva institucionalidad en materia de investigación y apostarle a la ampliación de la cobertura de los servicios.
Además, fortalecer el poder institucional del Ministerio Público y Poder Judicial es vital para la consecución de mejores resultados.
Asimismo, Coordinación institucional en el Sistema de Administración de Justicia Penal.
De igual manera, promoción de una nueva estrategia focalizada en juicios expeditos para delitos de flagrancia.
