El máximo responsable del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), nombre oficial de la inteligencia en Colombia, asumió el cargo en enero de 2009, un mes antes de que saliera a la luz un caso de escuchas a personalidades.
«Hubo una implosión que ha creado una crisis estructural en esta entidad, la peor en 56 años. En estos meses que llevo dirigiendo el DAS todo esto revivió, todo afloró».
Para el director del DAS, «todo esto son pedazos de una historia triste, muy triste para Colombia», al asegurar que «aquí hay múltiples responsables» y se está haciendo el «gran juicio histórico de la entidad».
En el ámbito penal hay cuatro procesos abiertos en la Fiscalía contra varios ex directores del DAS, mientras que a nivel disciplinario, en la Procuraduría, hay otros 40 funcionarios y 20 ex funcionarios investigados, con presentación de cargos a quince de ellos, así como a un funcionario del Ministerio de Hacienda y uno más de la Presidencia.
Los detenidos son cinco y además otro funcionario, con una orden de busca y captura, está prófugo.
«Este escándalo lleva a pensar que hace falta una reforma estructural», manifestó Muñoz, ya que el DAS cuenta con hasta cinco funciones adicionales a las de contrainteligencia e inteligencia, como las de policía judicial, autoridad migratoria, protección a personas amenazadas, expedición de certificados judiciales y hasta era hace un mes sede de la Interpol.
A su juicio, «el DAS (que tiene 5.873 funcionarios) es una gran base de información, con funciones que no todas generan una sinergia positiva».
En los quince meses que Muñoz lleva al frente del DAS han sido despedidos 116 funcionarios «por hechos que tienen que ver con situaciones de corrupción, mal uso o incapacidad» y otros cien podrían tener la misma suerte.
«Es un proceso de depuración inmenso», matizó, al detallar que uno de los casos más graves fueron las ilegalidades practicadas desde el denominado «G-3», entre 2002 y 2006.
El jefe de la inteligencia detalló que en el G-3 había «gente que tenía una concepción totalmente equivocada de la inteligencia».
Fueron funcionarios que se dedicaron a «recoger información de gente, de organizaciones no gubernamentales, de periodistas, y de miembros del Gobierno, del vicepresidente de la República, del director de la Policía. Y, según está en el proceso, hicieron unas actividades de inteligencia no legítimas», detalló.
Con el caso del G-3 se refirió a las escuchas y seguimientos ilegales a personalidades, incluidos magistrados y opositores políticos, lo que ha puesto en tela de juicio a la institución.
«Aquí había un problema de cultura de mucho tiempo, enquistado, que no nació cuando llegó el presidente (Álvaro) Uribe (en 2002). En los últimos años esta entidad estuvo en la mitad de un proceso de crisis, muchas veces permeada por muchas mafias, en los años 80 por Pablo Escobar, en los 90 por el narcotráfico, la guerrilla y los paramilitares», agregó.
Muñoz dijo no conocer la razón por la que actuaron así esos funcionarios, «quizás por su visión ideológica», y aseguró de forma categórica que desde que asumió el cargo nunca recibió del Gobierno de Uribe instrucciones para actuar de forma ilegal.
Precisamente el escándalo de las escuchas llevó esta semana a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo a exigir una explicación antes de que la UE firme un TLC con Colombia.
A juicio de Muñoz, los ocho años del Gobierno de Uribe «han servido para que se plantee el debate de una reforma clara», al reconocer que, si bien se ha debilitado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), «se presentan nuevos escenarios y retos».
El director del DAS consideró que los desafíos de la inteligencia interna y externa «están unidos» y se trata de un «tema transversal» porque «las amenazas a futuro en Colombia pasan por el narcotráfico», que incluye a las FARC, y por temas externos, como la supuesta acogida de guerrilleros en otros países.
