– A falta de diez meses para entregar el poder, el presidente Lobo decide abrir un frente especializado para enfrentar el terrible flagelo de las extorsiones.
– Pese al endurecimiento de las penas, que ahora llegan hasta 20 años de cárcel, los delitos de extorsión y chantaje se incrementan con el paso de los días.
Los extorsionadores operan en distintos segmentos y hasta puede decirse que han fragmentado el territorio.
Los testimonios de las víctimas son elocuentes y en medio de sus temores, en voz baja, las víctimas confiesan cómo se someten a la voluntad del crimen ya que ante sí, casi todos tienen espejos que reflejan horrendos hechos en contra de los que han osado desatender a estos criminales.
En 2012, la Unidad Antiextorsión de la Policía Nacional recibió más de 700 denuncias, de las cuales apenas 82 lograron judicializarse. Mientras en 2010 apenas se recibieron 14, y en 2011 se incrementó a 78.
Frente a esta modalidad delictiva que no permite respirar, especialmente a motoristas, vendedores, puntos de taxis, mercados, iglesias y población en general, este miércoles, el gobierno hondureño determinó crear la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA).
La Iglesia víctima del mal llamado “impuesto de guerra”
El vicario católico de los medios de comunicación, Juan Ángel López, confió a Proceso Digital que “la delincuencia nos mantiene preocupados porque nosotros también lo sufrimos, muere gente nuestra, nos toca hacer funerales de personas ligadas a la iglesia y además muchos de nuestros sacerdotes han sido extorsionados por el crimen organizado”.
Agregó que “sufrimos igual que el pueblo y sabemos las causas, como lo sabe cualquiera, lo que pasa es que no hay real interés de cambiar las cosas porque hay algunos que están interesados en mantener un caos y mantener una situación de zozobra”.
Tras anunciar la creación de la FNA, el secretario de Seguridad, Pompeyo Bonilla, detalló que la nueva institución incluye al Ministerio Público, Policía Nacional, Fuerzas Armadas de Honduras y la Dirección de Investigación e Inteligencia del Estado.
Agregó que “cada una de las instituciones que conformarán esta fuerza, colaborarán con sus mejores elementos para lograr investigar, detectar y judicializar de manera rápida y eficiente a todos aquellos grupos o personas que se dediquen a este ilícito”.
El año anterior, más de una veintena de puntos de taxis cerraron operaciones solo en la ciudad de Tegucigalpa, debido a los cobros millonarios por extorsión y muchos motoristas, cobradores y dueños de negocios perdieron la vida por este flagelo.
Víctimas de extorsiones
Proceso Digital conversó con víctimas del cobro de las extorsiones:
Un vendedor de los mercados de Comayagüela, a quien llamaremos Carlos, refirió que la junta directiva de los comerciantes decidió negociar con un grupo de malvivientes que cobran el impuesto a centenares de mercaderes de esa zona de Comayagüela.
“Llegamos al acuerdo de pagarles 150 lempiras semanales por puesto, ya que nos pedían 300. Las amenazas van desde pagar con nuestras vidas hasta el robo de mercadería”, dijo temeroso el vendedor.
Continuó que “no sabemos hasta donde podremos pagarles porque hay compañeros que no hacen ni la cruz (una venta al día), imagínese estarles pagando 600 lempiras al mes”.
Un conductor de taxi, quien tiene más de 20 años de recorrer las calles de la capital, también nos contó su historia: “mire esto está “perro” como dicen. No podemos trabajar en paz, ya sea de punto o ambulante, los muchachos se las ingenian para cobrarnos el impuesto”, denunció.
El ruletero es del criterio que mientras no haya acciones concretas para enfrentar a los extorsionadores, las cosas continuarán de la misma manera y muchas vidas inocentes seguirán pagando con su sangre.
“Usted me dice que hoy crearon una unidad para enfrentar el cobro del impuesto de guerra… la verdad no creo que las cosas cambien, cuántas comisiones han nombrado y las cosas están peores”, se quejó el taxista.
Una más en el tema de seguridad
La Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA) se suma a otras que ya existen dentro de los cuerpos de seguridad del Estado, sin embargo ésta última merece un compás de espera para sacar conclusiones sobre la manera que enfrentarán el ilícito del chantaje.
En el proceso por depurar la Policía y combatir el crimen, la administración de Porfirio Lobo ha dado vida al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Se suman otras instancias tales como la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) y la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública (CRSP).
Al par surgió la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), que es comandada por un alto militar y al que se le atribuyen funciones en políticas públicas en materia de defensa y seguridad nacional.
En tanto, otra instancia que había sido desactivada ha tomado protagonismo en la agenda de seguridad nacional. Se trata de la Consejo Nacional de Seguridad Interior (Conasin). Este ente ha tenido cierta beligerancia y propuestas concretas en la materia.
