En declaraciones televisivas, el fiscal general dijo que la actitud de Vásquez Velásquez y la Junta de Comandantes, “está en base a derecho, primero están las leyes y después la voluntad caprichosa de los hombres”.
“El general y sus subalternos no estaban obligados a tomar decisiones contrarias a la ley, me parece que lo que ha hecho el presidente Zelaya es una locura que haya hecho esto a 150 días de concluir su mandato”, dijo el fiscal.
“Es preferible irse del puesto que obedecer órdenes ilegales, como Ministerio Público nos sentimos satisfechos de la determinación castrense, a cuyo cuerpo damos nuestro respaldo y exhortamos a los militares a seguir su ejemplo”.
El presidente Zelaya, en rueda de prensa, anunció que había destituido al general Romeo Vásquez Velásquez, al tiempo que había aceptado la renuncia al ministro de la Defensa, Edmundo Orellana.
No obstante, Zelaya no dijo en su comunicado público que en solidaridad con el general Vásquez se habían ido los otros comandantes de la cúpula castrense; que conforman los comandantes de las Fuerzas Aéreas, Naval y Terrestre.
Anoche, cuando la cúpula castrense se reunió con el gobernante hondureño le informaron que no podían cumplir la orden de custodiar las cajas receptoras de la encuesta o consulta de este domingo, por ser una acción ilegal que violentaba la constitución y que había una orden judicial al respecto.
Al conocer la posición de los uniformados, el presidente Zelaya procedió a destituir a Romeo Vásquez, quien antes ya le había renunciado. Al ver la decisión del mandatario, sus compañeros de arma renunciaron en solidaridad, dejando así a la institución acéfala.
De acuerdo al fiscal general, la destitución de los castrenses es ilegal “porque no se puede obligar a nadie que violente la ley. Lo que procede según los procedimientos legales sería una restitución por la vía de los tribunales”.
“Yo confíe en que el presidente Zelaya sería sensato, hace tiempo que le advertimos que dejara esa forma de gobernar por encima de la ley. Él está obligado a respetarla, y él se expone a ser sujeto de lo que la ley establece”, dijo Rubí.
En el caso de los militares, dijo que este problema ellos tenían que resolverlo de una vez por todas para que “ningún presidente, nunca más, les vuelva a dar una orden fuera de la Constitución; ellos han hecho lo más correcto”.
“El cargo de jefe de las fuerzas armadas no puede quedar al capricho del presidente; esta crisis nos ha enseñado que ese cargo no puede quedar a los caprichos como los que hoy ocurren”, acotó.
La renuncia en pleno de la cúpula castrense es sólo el preámbulo de una agudización de la crisis institucional y de gobernabilidad en que vive el país, donde las condiciones para un golpe de Estado se van conformando, según expertos, al quedar acéfala la institución castrense.
