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Formadores de periodistas en la UNAH advierten riesgos y violaciones a libertad de expresión

Tegucigalpa.- En la Escuela de Periodismo de la UNAH, el principal centro académico generador de periodistas en el país, el debate sobre las reformas a la ley de telecomunicaciones se matiza entre quienes no hablan por no “hacer daño”, los que temen “contaminar” su periodismo, los que no han leído la propuesta y los que advierten y denuncian sobre graves riesgos a la libertad de expresión, la democracia y las tendencias de control que no alientan ni fortalecen la democracia y la gobernabilidad.
 

La mayoría de los docentes de la Escuela de Periodismo está clara en los siguientes aspectos: las reformas se consensuan no en cuatro sentadas, porque los problemas del país no se resuelven a “matacaballo”, el gobierno debe ser más amplio en las convocatorias, también a sus críticos con respeto y pluralismo.

A juicio de formadores de periodistas, consultados, no se convocó a un grupo de expertos que tiene el país en el tema de libertad de expresión, el debate de la distribución de frecuencias es sano y necesario, pero no debe usarse como pretexto para crear nuevos “grupos de poder”.

Los criterios son personales porque la academia como tal no ha emitido pronunciamiento alguno sobre el tema.

Muchos son de la opinión que el actual proyecto de ley viola la libertad de expresión y ésta debe defenderse. Una sola pregunta hecha a los docentes, generó la siguiente respuesta:

¿Qué piensa de la propuesta de reformas a la Ley de Telecomunicaciones?

José Antonio Murphy: Me parece que debe de ser consensuada con el Colegio de Periodistas de Honduras y no que parta necesariamente de una ONG, cualquiera que esta sea, pero evidentemente necesitamos cambios y habrá que asumirlos pero a un nivel de consenso.

Silvia Vallejo: Desconozco la propuesta de ley por consiguiente no puedo referirme sobre el tema.


Francisco Javier López, docente: Considero que más que aprobar una ley dirigida a controlar la agenda mediática y a imponer sanciones, lo que necesitamos es un ombudsman de los medios informativos y del público, la libertad de expresión no se debe limitar y en el caso de quien se propase de este derecho que no es exclusivo de los medios de comunicación o periodistas sino de todo ser humano, ya existen en el país las leyes que se deben aplicar cuando se vulneran los derechos de los demás.

No se puede limitar el derecho del pueblo a saber, pero me parece importante que también debe existir una autorregulación en los medios y las personas que trabajan en ellos, la forma de cubrir algunos hechos noticiosos (con absoluto amarillismo) se hace de tal manera que irrespeta la dignidad de la persona humana y nos genera imágenes mentales que dañan nuestra conducta y personalidad.

Cualquier ley de aplicación general se debe consensuar con todos los sectores, no se debe imponer, la información es uno de los bienes más preciados de todos, por lo tanto, es importante que existan acuerdos al tratar estos temas.


Vilma Gloria Rosales: Considero que el proyecto que está en discusión sobre reformas a la ley de telecomunicaciones tiene algunos artículos que son violatorios a la libertad de expresión, como es el caso de la normativa referida a la creación de un Consejo de Ética, que entre sus funciones incluye lo que podría denominarse censura previa, algo que atenta contra la libertad de expresión. Sí es importante regular la concesión de frecuencias, para que las mismas sean distribuidas de manera más democrática.


Delia Mejía: Desde que tomé la dirección de la Escuela de Periodismo he tomado la decisión de no dar declaraciones a los medios y voy a explicar por qué: hay muchas personas que le quieren hacer daño porque se han hecho cambios en la Escuela y en cualquier momento que pueda dar alguna entrevista la pueden agarrar para hacer el daño, entonces yo prefiero mantenerme al margen para poder seguir trabajando.


Saúl Morales: El proyecto de ley vendrá a lesionar la libre expresión por muchos textos que tienen implícitos ahí, porque hay algunos que son muy tajantes y casi le dicen: ¡tiene que callarse!

Germán Reyes: Una reforma a cualquier ley es bienvenida, siempre y cuando sea para beneficiar a todos los hondureños, pero cuando se trata de una iniciativa que atenta contra la libertad de expresión no se puede permitir, porque se trata de un derecho universal que hay que defender siempre.

No conozco a fondo la propuesta, pero por lo que ha trascendido, atenta contra la libertad de expresión, derecho que por lo general es conculcado en regímenes de corte dictatorial.

En todo caso, cualquier propuesta para una reforma a la Ley Marco de las Telecomunicaciones, debió salir de un consenso con todos los sectores representativos del país, no que primero sale una organización con un proyecto, CONATEL con otro, y después se convoca a unos 30 sectores en Casa Presidencial y se les pide que en una semana hagan llegar sus planteamientos. Los temas de país no se aprueban a matacaballo.


Noé Leiva: Yo soy entrevistador, no entrevistado, no puedo dar declaraciones sobre el tema porque debo de mantener mi objetividad, como periodista debo de presentarme como una persona imparcial y cuando uno opina, ya está dando su punto de vista.


Félix Cesario Padilla: No se necesitan leyes, lo que necesita la prensa hablada escita o televisada, es crear un mecanismo dentro de sus propios periodistas y autorregularse, en la publicación de fotos grotescas, por ejemplo.

Eso es algo que ya está contemplado en la ley de emisión del pensamiento artículo 8, numeral tres, solo es de aplicar la ley no crear nuevos mecanismos. Para tapar los grupos de poder que quieren hacerse de nuevas radioemisoras, que nuestro gobierno que es alérgico a la crítica, está a un paso de ser despótico, este poder ha demostrado que el poder absoluto lo tiene una constituyente entrecomillada que funciona en este país ¿Quién está en Conatel?, uno de los tránsfugas de la política que se ofrece al mejor postor, esos son mandaderos.

Quieren apoderarse del espectro radiofónico para crear otros nuevos sectores de comunicación, que tengan nuevos canales, que con el pretexto de favorecer a grupos autóctonos, etnias, eso es falso, estos van a ser nada más que testaferros, presta nombres para los grupos emergentes de poder. Quieren crear otro grupo de poder para balancear la bipolaridad del poder, haciéndole crear al pueblo que están regulando. El irrespeto a la libertad de expresión es condenable aquí y en cualquier parte del mundo.


Leyla Banegas: Si bien es cierto es necesaria la pluralización y la democratización de los médicos de comunicación, es importante que prevalezca la libertad de prensa y que no haya en ningún momento restricciones porque la libertad de prensa se basa la democracia y no podemos poner en riesgo la democracia.

Rosa Morazán: Es una ley muy confusa, creo que a esas reuniones se tienen que convocar a expertos en el manejo de las telecomunicaciones porque solo se está hablado del otorgamiento de frecuencias y es muy importante establecer que grupos comunitarios y las comunidades tengan acceso a una frecuencia de radio y televisión pero también debe de aclararse algo muy importante como es el sostenimiento y financiamiento a corto, mediano y largo plazo de esos medios, porque si no se hacen esos análisis, y no se visualiza eso puede convertirse en un problema. El riesgo es que los políticos pueden aprovechar esa escasez de recurso de esas comunidades para convertirse en los dueños de esas frecuencias de radio y televisión que se está dando a las comunidades.

Entonces el tema se tiene que abordar de una forma integral, no solo pensar en democratizar lo que es el otorgamiento de las frecuencias de radio y televisión, la estrategia debe de incluir también como hacer sostenibles esos medios para las comunidades, asegurar que esas frecuencias no vayan a caer en manos de los políticos que actualmente son dueños de otras frecuencias de radio y televisión.

Otro tema que se debe de analizar con expertos y con mucho cuidado es lo referente a la libertad de expresión porque la libertad de expresión es algo que tiene que respetarse, la libertad de expresión es uno de los pocos derechos que en Honduras tiene la población, el derecho al pataleo y si le quitamos ese derecho donde demanda acciones eficaces de parte del gobierno va ser una opinión pública callada que tarde o temprano va explotar, de esa manera, entonces, creo que esa ley de telecomunicaciones debe canalizarse con mucho cuidado, convocar a esas reuniones no solo a los amigos del poder, también debe de convocar a la gente que incomoda al poder.

Facilitar a las comunidades el acceso a una frecuencia de tv y radio es una buena intención que será una buena decisión si la idea se desarrolla en forma integral. No sólo se trata de establecer un porcentaje de asignación de frecuencias para las comunidades. Simultáneamente es importante dar respuesta a muchas interrogantes sobre cómo se otorgarán esas frecuencias, qué criterios se aplicarán para determinar a qué comunidades se otorgarán esas frecuencias, cómo se garantizará que las frecuencias serán propiedad de la comunidad y no de personas o grupos específicos. Cómo asegurar que las frecuencias comunitarias no serán expuestas al riesgo de la venta. Varias organizaciones campesinas vendieron a terratenientes y políticos, tierras adjudicadas por el INA. Entonces cómo garantizar que las frecuencias no van a terminar en manos de los políticos. Y este riesgo existe porque en el diálogo nadie ha indicado cómo se manejará y asegurará el sostenimiento, la operatividad continua de esas frecuencias, ya que las comunidades tendrán que invertir dinero para el sostenimiento ininterrumpido de esos medios.

Este tema debe abordarse en forma integral, no hay que dejar expuestas a las comunidades al riesgo de no hacer sostenible el funcionamiento de las frecuencias.

En cuanto a la libertad de expresión, en Honduras hay expertos en el tema que no han sido considerados en esas reuniones de diálogo. El tema es muy amplio y complejo y no sólo se trata de abordar lo que molesta y causa alergia al poder y a algunos grupos. La normativa nacional e internacional define claramente el derecho del pueblo a ejercer la libertad de expresión y que los funcionarios, como parte del proceso de transparencia, están expuestos al escrutinio público y deben rendir cuentas sobre su desempeño que se traduce en buenos o malos resultados. En la propuesta no se habla del defensor del lector, de la autorregulación, sino de comités de censura, impuestos desde el gobierno, a través de una eventual normativa.

Creo que Honduras debe avanzar y no retroceder en el pleno ejercicio de la libertad de expresión y ojalá que los Poderes Ejecutivo y Legislativo avancen en esta dirección.

Honduras destaca como una nación con impunidad, inseguridad ciudadana y elevados niveles de percepción de corrupción. Si se limita la libertad de expresión se estaría incorporando al país a otra lista negra.



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