El organismo de denunció esta semana que más de 1.600 emigrantes, la mayoría centroamericanos, son secuestrados mensualmente en México y sometidos a vejaciones que quedan impunes.
Romero aseguró en rueda de prensa que la preocupación del Gobierno por este tema es «absolutamente compartida» con la de CNDH y por ello prepara «una respuesta concreta, con conclusiones y proposiciones».
Movidos por el anhelo de empezar una nueva vida en Estados Unidos, cada año unas 140.000 personas cruzan la frontera sur de México, donde deben recorrer miles de kilómetros con escasos recursos económicos.
Durante su trayecto muchos de ellos caen en manos de bandas de traficantes de personas que exigen a sus familias el pago de un rescate de entre 1.500 y 5.000 dólares.
Según la CNDH, las organizaciones criminales que raptan a emigrantes mueven anualmente unos 50 millones de dólares.
Las víctimas suelen ser secuestradas en grupo en algún tramo de las líneas ferroviarias del sur, y en su mayoría proceden de Honduras (67 por ciento), El Salvador (18 por ciento) y Guatemala (13 por ciento).
