Empleados de diferentes dependencias gubernamentales, que prefirieron el anonimato para no arriesgar sus puestos de trabajo, dijeron a Proceso Digital que personal de confianza de los mandos superiores les han indicado que la asistencia a la manifestación, que busca ejercer presión sobre el Parlamento hondureño, es obligatoria para conservar sus puestos en el servicio público.
Una empleada del ministerio de Trabajo informó que desde media mañana de hoy se han instalado los autobuses que deberán conducir a los burócratas a la manifestación.
Otras fuentes sostuvieron que el gobierno está canalizando el dinero de la protesta por medio de organizaciones afines a las que les ha proveído de insignias, gorras y camisetas con mensajes a favor de la cuarta urna.
Los órganos judiciales han considerado que cualquier propuesta encaminada a llevar a cabo una consulta popular es ilegal, sin embargo el mandatario hondureño ha reiterado que la encuesta va el 28 de junio.
