La ciber piratería intelectual, el hacking (que consiste en acceder sin consentimiento a los sistemas informáticos), difusión de mensajes con contenido xenófobos o racistas, suplantación de identidad, estafa informática, fraude informático y pornografía infantil difundida a través de la red, son solo algunos de los ciber delitos contenidos en la propuesta.
En la actualidad, estimar el impacto económico de este tipo de delitos es difícil por la ausencia de datos sobre la cantidad real de casos registrados, dificultad para establecer los costos indirectos e identificar la población afectada, el bajo nivel de seguimiento y registro del tiempo, los recursos asignados al momento de enfrentar un ataque en la red.
Según Denis Gallegos, secretario general de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, dichos factores contribuyen a explotar las debilidades de las tecnologías, los vacíos en la legislación y la falta de concientización de los usuarios, así como el alcance global de Internet y su rápida expansión, factores que facilitan la comisión de viejos delitos con novedosas herramientas.
Asimismo, señaló que estas características representan un nuevo desafío para los entes investigativos, la justicia y los gobiernos, ya que es necesario modernizar la legislación, contar con personal experto que pueda tratar este tipo de delitos concientizar a la población y contar con la colaboración internacional.
En este sentido, recientemente se realizó en Madrid, España, un encuentro de países iberoamericanos que junto a España y Portugal, buscan establecer y armonizar una normativa en materia de delitos tecnológicos o ciber delitos, que les permita combatir con mayor efectividad, estas nuevas formas de delinquir.
Anteriormente, esta propuesta se le ha dado seguimiento con reuniones de armonización realizadas el año pasado en Uruguay y Argentina.
El cónclave, fue el lugar ideal para socializar la propuesta de cooperación que permite a los países suscriptores, la investigación y persecución de estos delitos y de quienes los cometen, cuyas repercusiones trascienden fronteras.
El consejo de Europa a través del Convenio de Budapest firmado en 2002, incluyó consensos mínimos en cuanto al trato de los delitos tecnológicos, en la normativa de los países suscriptores.
En tanto, la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica (CONJIB), lidera esta iniciativa, tomando en cuenta, que República Dominicana, Argentina, Brasil y Costa rica entre otros países, ya contemplan en su legislación, los delitos cibernéticos.
Se espera, que esta propuesta para combatir el ciber delito concluya próximamente en abril en Chile con la firma de un acuerdo iberoamericano de cooperación que recoja los mínimos de seguridad para los cibernautas, en la normativa de los países participantes de la cual Honduras forma parte a través de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.
