- Hugo Chávez y sus socios quedan fuera del alcance, a pesar que oficialmente se debe investigar antes y después del 28 de junio
- Peligran responsables de instituciones estatales
Aunque el referido acuerdo fue declarado «muerto» por el ex presidente Manuel Zelaya, apenas unos días de su suscripción, la llamada comunidad internacional (Estados Unidos, España y la Organización de Estados Americanos OEA), se empecinaron que la misma debía instalarse como una condición para reconocer la gestión de Lobo Sosa, a pesar que Honduras todavía no es readmitida en el organismo continental.
La referida Comisión tendrá la tarea de investigar los hechos antes, durante y después del 28 de junio, cuando Zelaya fue destituido por el Congreso Nacional, aunque previamente había sido arrestado por las Fuerzas Armadas en cumplimiento de una orden de la Corte Suprema de Justicia.
El grupo esta integrado por cinco comisionados, tres extranjeros y dos hondureños y según su decreto de creación las decisiones se tomarán por mayoría calificada de cuatro miembros.
Su coordinador es el guatemalteco Eduardo Stein, que previamente calificó los hechos del 28 de junio e incluso se atrevió a cuestionar las elecciones hondureñas, de la cual salió electo el mandatario Lobo Sosa.
Asimismo, el decreto le garantiza a los comisionados tener «acceso irrestricto a la información» de los entes que dependan del Poder Ejecutivo e incluso tendrá potestad de solicitar entrevistas a las personas que estime conveniente.
Podrá solicitar al resto de poderes del Estado (Judicial y Legislativo) acceder a los archivos de información o solicitar las entrevistas, pero deberá contar con el permiso de sus titulares o plenos.
Lo anterior significa una perdida de soberanía nacional, ya que el marco legal fija únicamente a los tribunales de justicia quienes pueden ordenar acceder a información o requerir a personas.
Debilidad
El punto débil del decreto de creación de la referida comisión es que únicamente se compromete a Honduras a la entrega de información para que al final emita un informe de los hechos y no se vuelva a repetir los acontecimientos del 28 de junio.
Como el papel de los comisionados es conocer los hechos antes, durante y después del 28 de junio, el grupo tendría que solicitar la información a los gobiernos integrantes de la Alternativa Bolivariana para las Améicas (Alba) y algunos vecinos, ya que ellos impulsaron a Zelaya Rosales a su proyecto reeleccionista.
Se conoce que el material electoral y las cajas para la llamada «consulta popular» que daría vida a la asamblea constituyente provenían de Venezuela y El Salvador, mientras los «observadores» procedían de toda la órbita albista y es imposible que Hugo Chávez y sus socios vayan a entregar información de sus planes expansionistas a la referida comisión.
 | Asimismo, Chávez en Venezuela y Daniel Ortega en Nicaragua planificaron y dirigieron operaciones para hacer llegar a Zelaya Rosales a Honduras, en los dos primeros intentos, a pesar de los llamados internacionales y nacionales a que no se hiciera, se produjeron muertos que después atribuyeron a las fuerzas de seguridad, sin que las fuerzas izquierdistas asumieran responsabilidad alguna por sus excesos cometidos y delirio de poder. |
Dichas operaciones contra la soberanía hondureña están documentadas por los medios de prensa internacional, pero la comisión no podrá acceder a las mismas.
Es conocida la hostilidad, que llega incluso a nivel de insultos descalificadores, de Chávez y Ortega hacia organismos internacionales, en especial a la OEA. Esa hostilidad se traspasa a los lugartenientes de estos dos presidentes albistas en el país, que anunciaron este lunes una paralela a la Comisión de la Verdad para buscar ser «indemnizados» por el Estado.
Tampoco el gobierno estadounidense aceptará entregar la información de los reportes o cables diplomáticos enviados por su misión en Honduras sobre lo que ocurría.
El embajador estadounidense en Tegucigalpa, Hugo Llorens, ha comenzado a admitir lo «impredecible» y «errática» que era la conducta de Zelaya Rosales en y su pretensión de violar la Constitución Política de Honduras.
Imposición
En los círculos hondureños que defendieron la democracia el año pasado existe la preocupación que la referida Comisión de la Verdad pretenda «liquidar» políticamente a los actores que jugaron un papel en la defensa de la Constitución ante el ataque de Zelaya y sus socios albistas.
 | El temor es que nuevamente se intente violentar es estado de derecho con un informe final que conlleve a una presión para que sean retirados los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, los responsables de la Fiscalía General y el Comisionado de los Derechos Humanos. Mientras los responsables de la Alba y Zelaya Rosales siguen protegidos, los hondureños defensores de la Constitución Política son los que están más expuestos. |
Pero si la historia se cuenta paso a paso, sin sesgos, apegada a la verdad y la razón Honduras tendrá, entoces, una democracia de larga data.
