Según se informó, las instituciones privadas no están de acuerdo en enviar estudiantes de media a levantar censos y hacer programas de alfabetización en barrios y colonias en donde no se garantiza la seguridad de los alumnos.
El presidente de la Federación Nacional de Instituciones Privadas Bilingües, Carlos Sabillón, explicó que la oposición se basa en varios puntos, el trabajo educativo social se ha venido implementando desde 1969, en un inicio era voluntario e implementado en el ámbito ambiental.
Después se convirtió en alfabetización, luego en la construcción de muebles escolares y así ha ido sufriendo cambios, detalló.
Recordó que la administración de Carlos Ávila Molina reformuló el trabajo educativo social con un período de vigencia hasta el año 2015, el mismo contemplaba cuatro áreas que son la atención al adulto mayor, a los discapacitados, salubridad y la educación ambiental.
“Ahora resulta que sin socializarlo con nadie, las autoridades de Educación sacan un acuerdo en La Gaceta el 3 de enero en el que ordenan que los alumnos que ingresan a carrera y los que están cursando su ultimo año tendrán que hacer labores de alfabetización”, denunció.
Sostuvo que la medida es ilegal ya que no pueden convertir a jóvenes que se están formando en docentes.
Por su parte, el ministro de Educación, Marlon Escoto, manifestó que la secretaría está clara en sus proyectos y objetivos, mismos que se irán avanzando a medida que las diferentes instituciones, organismos y fundaciones que están acompañando en esta cruzada puedan hacerlo.
“Estas organizaciones no pueden decir por adelantado que la medida es inconstitucional, tienen el derecho a reclamar, pero no vamos a entrar en una confrontación”, puntualizó.
