– Lobo recomendó a la comisión juramentada este día que no lean periódicos porque vendrán duras críticas contra el accionar de los nombrados.
– El propio presidente Lobo ha dicho que en los últimos seis años el país ha dejado de percibir unos 60 mil millones de lempiras.
La instancia intersectorial fue creada al calor de la aprobación del decreto legislativo 220-2012 que suspende para efectos de revisión todas las exenciones, exoneraciones y franquicias aduaneras que otorga la secretaría de Finanzas, incluyendo las que estén pendientes de resolución, hasta por un término de 60 días calendario.
En ese sentido, Lobo argumentó que el Estado de Honduras ha venido otorgando durante muchos años beneficios y exoneraciones de tipo fiscal a diferentes empresas e instituciones privadas, así como a organizaciones sin fines de lucro con el propósito que el incentivo y el sacrificio que el pueblo hondureño hace, sea para estimular la inversión y que ese emprendimiento tenga un beneficio en lo económico y en lo social del país.
Añadió que desafortunadamente, el monto de las exoneraciones es enorme, ya que según datos de los últimos seis años, se habla de 10 mil millones de lempiras anuales, pero hay otras cifras que indican que se trata de 23 mil millones de lempiras al año, o sea que el Estado en los últimos seis años, podría haber sacrificado 138 mil millones de lempiras.
En la ceremonia de juramentación realizada en el Salón Morazán de Casa Presidencial, Lobo agradeció al Congreso Nacional por haber aprobado el decreto así como a los miembros que aceptaron integrar la comisión y que representan a distintas organizaciones e instituciones. Asimismo, agradeció al coordinador del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) Mauricio Díaz Burdett, por su colaboración en la elaboración técnica del decreto.
Recordó que la revisión de las exoneraciones se deriva del Gran Acuerdo Nacional (GAN) entre la empresa privada y los obreros y campesinos.
El decreto establece que todos los interesados en solicitudes de exenciones, exoneraciones y franquicias aduaneras deberán abocarse de manera inmediata y obligatoria a la comisión especial con la documentación de respaldo.
Lobo indicó que la comisión hará un contraste para establecer si la exoneración o el beneficio fiscal que se da, corresponde al objetivo para la cual fue otorgada la exención que es un incentivo para promover, ayudar y haya un beneficio para el pueblo hondureño.
En caso de la no comparecencia, automáticamente se entenderá que las exenciones, exoneraciones y franquicias aduaneras no cumplen con la finalidad y el propósito para el cual fueron otorgadas, por lo que la comisión recomendará su no tramitación o su derogatoria, según corresponda.
Se consigna también que los fondos que entren a las arcas estatales serán destinados en un 25% a proyectos de infraestructura, educación y salud a través de los gobiernos municipales, otro 25% para infraestructura y un 50% para pagar la deuda interna.
“Ellos verificarán si el objetivo se ha cumplido, tenemos una innumerable cantidad de denuncias, que el manejo ha sido inapropiado de muchos, que ha servido para privilegiar a ciertos grupos en perjuicio de la generalidad”, indicó Lobo quien aclaró que no sólo las micro, pequeñas y medianas empresas se han visto afectadas, sino que también las grandes empresas por la competencia desleal.
Integrada la comisión
La comisión está integrada por el asesor jurídico del Instituto Nacional Agrario (INA) Marco Ramiro Lobo en representación del gobierno quien la preside; el diputado Claudio Roberto Perdomo Interiano por el Congreso Nacional; la comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) Miriam Estela Guzmán Bonilla y el alcalde de Teupasenti Nery Conrado Cerrato a nombre de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon).
Asimismo, el representante de la Iglesia Católica, padre Carlo Magno Núñez; de la Confraternidad Evangélica de Honduras, Alberto Solórzano; el coordinador del Fosdeh, Mauricio Díaz Burdett; Arnaldo Bueso de la Federación de Organizaciones Privadas de Desarrollo de Honduras (Foprideh); Guillermo Matamoros del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep); Amanda Cruz Meléndez del Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía (Cohdesse); Miguel Aguilar, representante de las centrales obreras; Pedro Guevara por las organizaciones campesinas y Lizardo Reyes Puerto en representación de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh).
Lobo aclaró que no es que se están quitando exoneraciones, solamente se han suspendido por un período de 60 días mientras la comisión hace la revisión y análisis ya que lo que se pretende es que lo que pierde el Estado se pueda cubrir parte de la deuda interna lo que permitiría destinar recursos para los programas sociales como el Bono 10 Mil, la Merienda Escolar, zapatos y uniformes escolares, la canasta de alimentos para los adultos mayores así como para la infraestructura en proyectos manejados con las alcaldías.
Lobo advirtió a los miembros de la comisión que deben estar conscientes de las reacciones que se van a generar, pero que eso les servirá, dependiendo de la reacción, el efecto que tendrá sobre ellos sobre algo que estaban utilizando como no deberán estarlo haciendo.
