Managua – Un juez de Nicaragua ordenó hoy la libertad para el editorialista del diario La Prensa y crítico del Gobierno Luis Sánchez Sancho, detenido desde hace siete días tras verse involucrado en un accidente de tráfico.
El juez Jean Carlos Fernández ordenó la libertad de Sánchez Sancho luego de que las autoridades policiales le permitieron firmar un acuerdo de mediación con el motociclista Otoniel Betancourt, la otra parte involucrada, informó La Prensa, en una nota informativa.
«La orden fue enviada al Distrito III de la Policía Orteguista (_), luego de que se realizara una mediación (_). El acuerdo se había logrado, entre ambas partes en días anteriores, pero no se concretó porque la (Policía) no permitió que Sánchez lo firmara», detalló el medio para el que trabaja el editorialista.
Sánchez Sancho es miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, la contraparte del Gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, en un diálogo nacional para superar la crisis sociopolítica que vive el país desde abril pasado y que se encuentra suspendido.
El editorialista, de 76 años, fue acusado por el Ministerio Público por lesiones imprudentes contra el motociclista Betancourt, a pesar de que este reconoció haber causado el accidente, según sus familiares.
La Alianza Cívica tildó este miércoles de «inaceptable» el trato de la Policía hacia Sánchez Sancho, por llevarlo a la cárcel por un accidente que no conlleva prisión, ya que la legislación local permite que, en caso de un accidente de tráfico sin lesionados o con heridas leves, las partes lleguen a un acuerdo extrajudicial sin cárcel de por medio.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la escritora nicaragüense Gioconda Bello se sumaron a las críticas y pidieron su libertad esta semana.
En el marco de la crisis que estalló en abril pasado y hasta antes de la detención del editorialista, la Policía de Nicaragua había capturado a 7 miembros de la Alianza Cívica, a quienes acusa de «terrorismo» y otros delitos.
Organismos humanitarios locales e internacionales cuentan unos 610 «presos políticos» en Nicaragua, cuyo Gobierno reconoce 273 detenidos que clasifica como «terroristas», «golpistas» y «delincuentes comunes».
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de «más de 300 muertos», así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.
Organismos humanitarios locales han calculado hasta 545 muertos, de los que el Gobierno acepta 199.
Ortega ha negado la responsabilidad y mantiene que venció un intento de «golpe de Estado».
