El pleno de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia aceptó por unanimidad dos recursos de amparo en defensa del general, presentados por el abogado Manuel Rodrigo Mazariegos, a título personal, y la Fiscalía General del Estado, al considerar que se violaron las garantías constitucionales de Vásquez.
El general fue destituido porque se negó a cumplir instrucciones del Ejecutivo para que los militares dieran apoyo logístico a una encuesta que impulsa Zelaya, orientada a convocar un referendo para reformar la Constitución.
«La intención de inmiscuir a las Fuerzas Armadas en un acto administrativo de naturaleza meramente político, conduce a claras acciones que violentan la Carta Fundamental», señala la resolución de la Sala de lo Constitucional.
El fallo señala que el despido «ha sido declarado ilegal por el órgano jurisdiccional del país, porque incurre en un incumplimiento de la ley», y que Vásquez «ha actuado apegado a derecho al no atender la instrucción jurídicamente improcedente».
Tras la resolución del alto tribunal, la decisión de Zelaya contra Vásquez queda en suspenso y el militar seguiría al frente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Hasta el momento el mandatario no se ha pronunciado sobre el fallo del Supremo y estaría por nombrar hoy mismo al sustituto del oficial destituido.
El Ministerio Público alegó ante la justicia que a Vásquez se le han violentado sus derechos por parte del jefe de Estado, quien ayer también le aceptó la renuncia al ministro de Defensa, Ángel Edmundo Orellana.
El fiscal general del Estado, Luis Rubí, dijo a periodistas que la decisión de Zelaya es ilegal y que Vásquez debe ser restituido en el cargo.
Rubí responsabilizó al gobernante hondureño de la polarización y crisis política interna que vive el país.
Zelaya promueve una encuesta el próximo domingo para que los hondureños digan si apoyan la instalación de una urna adicional en las elecciones del 29 de noviembre en la que voten a favor o en contra de una Asamblea Constituyente y la reforma de la actual Carta Magna a partir de 2010.
Para la actividad del domingo, Zelaya ordenó a las Fuerzas Armadas todo el apoyo logístico necesario, a lo que Vásquez se opuso porque un tribunal de justicia dictaminó que la decisión del presidente es ilegal.
La mayoría de los diputados del Parlamento hondureño también rechazó hoy la decisión de Zelaya y expresaron que el alto jefe militar debe ser restituido.
Mientras el poder judicial se pronunciaba en contra de la resolución del Ejecutivo, Zelaya recibía en la Casa Presidencial a decenas de representantes de organizaciones populares que lo apoyan, con quienes dijo que están esperando a miles de hondureños que llegaran a expresarle su apoyo.
Los militares han salido a las calles para evitar eventuales hechos violentos, según una fuente castrense.
La magistrada dijo que la Sala Constitucional consideró procedente la solicitud de suspensión del acto reclamado, es decir, deja sin valor la destitución del alto jerarca militar.
El fiscal del Ministerio Público René Mauricio Aceituno y el ciudadano Manuel Rodrigo Mazariegos Zúniga promovieron los recursos en contra de la resolución del presidente, Manuel Zelaya, de separar del cargo al jefe militar.
