El editorial dice:
Salida legítima, pero parcial
- Honduras tiene un presidente electo legítimo, que debe ser reconocido
- La tarea para superar las rupturas y problemas acumuladoses aún larga
Las elecciones celebradas el domingo en Honduras han despejado finalmente el camino para el retorno del país a la normalidad democrática, sobre una base de sólida legitimidad: la expresión de la voluntad ciudadana mediante los votos.
Por esto, más allá de nuestra actitud frente al gobierno de facto de Roberto Micheletti, o la conveniencia de que Manuel Zelaya sea restituido a la Presidencia por el corto lapso que resta a su mandato, lo que se impone es que la comunidad internacional reconozca el resultado electoral. Como consecuencia lógica, Porfirio Lobo, ganador en los comicios, debe ser considerado como legítimo mandatario hondureño a partir del 27 de enero, cuando tome posesión.
Todavía existen versiones en conflicto sobre el grado de participación en el proceso; sin embargo, los datos preliminares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) indican que rondó alrededor del 60%, cinco puntos porcentuales más que hace cuatro años. Es decir, aunque se acepte un alto grado de inexactitud, por lo menos estamos ante una concurrencia dentro de los patrones históricos de Honduras, lo cual también indica que los llamados a boicotear el proceso no tuvieron éxito.
Tampoco han sido divulgados aún los resultados definitivos, pero Lobo, del centro-derechista Partido Nacional, de oposición, lleva poco más del 56% del total, una victoria muy amplia, reconocida ya por su principal contendor, Elvin Santos, del gobernante Partido Liberal, que obtuvo alrededor del 33%. Esto indica que nadie disputa seriamente el resultado. Si a esto añadimos que, en medio de la tensión generada por la crisis interna, la campaña se desarrolló con relativa normalidad, la única conclusión democrática es reconocer el resultado. Es, además, la única opción realista.
Nos complace que tal haya sido la voluntad manifestada ayer por el presidente Óscar Arias, lo mismo que por los Gobiernos de Estados Unidos, Colombia y Panamá, a los que, inevitablemente, seguirán otros. Incluso, tanto el presidente brasileño, Lula da Silva, como el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, atemperaron ayer su rechazo inicial y abrieron la puerta para actuar de la misma forma. Tal como sugirió Arias, aunque sin mencionar nombres, si el Gobierno de Brasil aceptó el fraudulento triunfo de Mahmoud Ahmadineyad en las elecciones de Irán, y hasta lo felicitó prontamente, ¿con qué argumentos podrá rechazar el de Lobo en Honduras, producto de un proceso más abierto y legítimo?
Reconocer el resultado electoral, sin embargo, no debería implicar un aval al gobierno de facto de Micheletti; menos aún, a la expulsión manu militari de Zelaya. Hacerlo sería tolerar la ruptura del orden democrático (por muy imperfecto que sea) como vía para enfrentar los conflictos internos, un funesto precedente para el hemisferio. Por esto, de aquí al 27 de enero, la insistencia debe ser en promover procesos de diálogo, negociación y concertación internos, destinados a cerrar heridas acrecentadas por el golpe, y a buscar vías de solución a los graves problemas institucionales, económicos y políticos de Honduras, los cuales rebasan las coyunturas actuales.
Se trata de un camino que debe impulsar la comunidad internacional, pero cuyo liderazgo corresponde, esencialmente, a los sectores políticos hondureños, en especial al Presidente electo. Sus declaraciones iniciales, en pro de la unidad nacional, son una buena señal. La clave es que puedan convertirse en hechos, y que todos los sectores de poder entiendan que estas elecciones, aunque legítimas, no quieren decir que todo ha vuelto a la normalidad.
Las tensiones aún son altas. Las debilidades, fisuras y disfuncionalidades de la institucionalidad son evidentes; el golpe, en gran medida, fue consecuencia de ellas. Los problemas de exclusión y pobreza han crecido, y las prácticas políticas no se han despojado de una serie de vicios altamente perjudiciales para el país. Es decir, Honduras está ante un impresionante repertorio de desafíos que acompañan a la actual crisis política; sus sectores político-empresariales, ante graves deudas pendientes con los ciudadanos. La vía de solución inmediata abierta por las elecciones debe ser, también, un imperativo para abordar los problemas de fondo.
