El analista es del criterio que “la ley la hace el Congreso, además puede derogar, modificar y elaborar una nueva ley”, por lo que señaló que la acusación de una “trampa” en la norma enviada por la Corte Suprema al Legislativo, “no tiene ninguna relación”.
A renglón seguido, destacó que “en el Congreso de la República no hay niños de doctrina, ni hay ignorantes como para que no puedan identificar las debilidades que puede tener un proyecto de ley”.
Hace unos días, el Congreso Nacional, remitió el oficio número 490-2013/CN, en el cual solicita “enviar un informe a la brevedad posible donde se detalle el nombre de los magistrados que fundamentaron el contenido del mismo” en torno al anteproyecto de Ley de Extradición.
En ese sentido, Pineda subrayó que “la ruta que está tomando el país es muy peligrosa”, porque el modelo libertario y de garantía de poderes es fundamental en la vida moderna.
Además remarcó que en el país existe inversión internacional y con estas acciones, las autoridades del país lo que hacen es “jugar con la economía nacional y el nombre de Honduras será condenado internacionalmente”.
Quieren convertir un megapoder
El analista político, recordó que el artículo cuatro de la Constitución de la Republica, define al Gobierno de Honduras como republicano, el cual debe ser fundamentado en poderes independientes que se auto controlan y se complementan.
Sin embargo, indicó que “en el caso particular de las acciones del Congreso, contra el Poder Judicial, lo que se evidencia de manera clara es una tendencia anti democrática, anti republicana y autoritaria de un organismo que quiere convertirse en un megapoder y que no quiere ningún tipo de controles”.
En su momento, el Congreso determinó destituir a los magistrados: José Antonio Gutiérrez Navas (Presidente), Gustavo Enrique Bustillo Palma, Rosalinda Cruz Sequeira y José Francisco Ruiz Gaekel, de la Sala de lo Constitucional de la CSJ.
Lo anterior fue calificado por Pineda como “peligro para la ciudadanía”, porque implica que la justicia “va a tener que pedirse en los bajos del Congreso Nacional o en los despachos de los políticos y no en los estrados judiciales”.
Justicia politizada
Igualmente, señaló que tales situaciones “generan un enorme temor en la ciudadanía porque tiene que depender de una justicia politizada y no de una justicia técnica e imparcial”.
En ese sentido, pidió a los responsables del país que reflexionen al respecto para evitar un enjuiciamiento por traición a la patria.
“La reflexión por parte de los que dirigen el país deben ser profundas, se están metiendo en problemas que dentro de algunos años, pueden derivar en enjuiciamiento por el delito de traición a la patria”, estimó.
De la misma forma, dijo que “la política es cambiante, si el día de mañana hay golpe de timón, un cambio en la administración pública, ellos pueden ser objeto de un juicio porque ellos actuando en una agresión contra la Corte Suprema es actuar con malicia, con dolo y es un elemento esencial para enjuiciar en la comisión de un delito”.
