Tegucigalpa – El proyecto de Ley de Telecomunicaciones que la administración del presidente Porfirio Lobo busca enviar al Parlamento hondureño deja entrever que las primeras fisuras entre los poderes Ejecutivo y Legislativo están a punto de reflejarse.
La iniciativa impulsada por la recién creada Secretaría de Derechos Humanos, vulnera la libertad de expresión porque crearía una «Comisión Reguladora de Contenidos» que influirá directamente en los criterios editoriales de los medios. También prohibiría a los accionistas de una empresa de telecomunicaciones participar en otras sociedades mercantiles; mientras que distribuiría un 33 por ciento de frecuencias al sector público, 33 por ciento al sector privado y otro 33 por ciento a radios «comunitarias».
El proyecto también determinaría sanciones para las infracciones a la ley o sus reglamentos, incluyendo normas que permiten la confiscación de bienes inmuebles, equipos, redes y demás patrimonios de las empresas del sector de telecomunicaciones.
Terreno parejo
El presidente del Congreso Nacional, Juan Hernández, se refirió al tema este miércoles al afirmar que el envío del mismo por parte del Ejecutivo es un derecho que no supone la aprobación de la normativa propuesta.
Hernández se comprometió a que la propuesta de ley sea ampliamente discutida en el seno de la Cámara y dejó entrever que no existe ánimo de aprobar ninguna medida que restrinja la libertad de expresión, en lo que sería el primer desmarque del candidato por el oficialista Partido Nacional en el poder.
“Para que brincar cuando el terreno es parejo”, dijo el candidato y presidente del Legislativo al referirse a la tan llevada y traída iniciativa.
Indicó que hay temas relacionados al manejo de la nota roja y a programación de horarios adultos que podría dar lugar a regulaciones. Hernández no estableció si su idea es hacerlo a través de una normativa o un consenso con los dueños de medios.
Anoche, en la sesión de la Cámara, Juan Hernández insistió en decir: “hablémoslo con franqueza, yo le he dicho al presidente Lobo que no le puedo garantizar que esa ley va a salir como él la mande” reafirmó.
Inaudito
Igualmente, uno de sus más cercanos colaboradores, el secretario del Congreso hondureño, Rigoberto Chang Castillo, expresó en las últimas horas que no es prudente aprobar en este momento reformas a la Ley Marco de Telecomunicaciones, porque este es un año político.
“Es inaudito de que estando inmersos en un proceso electoral, donde el presidente del Congreso Nacional, Juan Hernández, es el candidato, vayamos a tocar temas tan perjudiciales, que en un momento dado, nos pueden dañar cualquier aspiración”, reconoció.
Chang aseveró que “si de mí dependiera, esas reformas no las pasaría, pero sólo soy el secretario de Congreso y un voto más de los 128”.
Un tanto más ambiguo fue el diputado por el caribeño departamento de Atlántida, y propietario de medios de comunicación, Rodolfo Irías Navas, quien dijo que prefiere no opinar hasta no conocer a fondo la iniciativa.
Oposición
La bancada del opositor Partido Liberal, ha manifestado en un raro encuentro entre sus miembros, generalmente fraccionados, que no apoyarán la Ley que califican como “mordaza”.
Ese mismo criterio se traslada a algunos diputados del oficialista Partido Nacional en el poder y de las bancadas minoritarias del Partido de Innovación y Unidad (PINU-SD) y Democracia Cristina.
Viraje
Un tanto desconectado de la Ley el presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Ricardo Cardona, dijo que los equipos pertenecen a los medios de comunicación, pero las frecuencias son propiedad del Estado, en una declaración que no aporta elementos diferentes a los establecidos en la Ley existente.
Pero en un viraje de discurso, Cardona afirmó que «no es una revisión de información en medios radiales, televisivos o escritos, cada medio va a ser libre de transmitir contenidos, pero en horas que no afecten a nuestros hijos». Su propuesta es parte de la autorregulación existente y según expertos normarla sólo podría abrir una puerta para influir en horarios en que se transmiten en los noticieros e informaciones de interés ciudadano.
Asimismo, indicó que la recuperación de las frecuencias no utilizadas por parte del Estado, es algo justo. “Si usted no está usando una frecuencia de radio o de televisión, lo que hace el Estado es que se la pide para ponerla en subasta o dársela a alguien que de verdad la use», acotó en un discurso que le ubica en otra arista a la que han planteado en la propuesta que fue introducida por la ONG “C-Libre”, complementada por la propia Conatel.
Otro desvío
Entre tanto, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda, una de las principales promotoras de las reformas, anunció que el documento fue enviado al relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Frank La Rue, para su respectivo análisis, antes de ser enviado al Legislativo.
Pineda ha sido una de las funcionarias más empecinadas en aprobar las reformas a la Ley. Su posición ha sido señalada de forma crítica por amplios sectores sociales que ven la incoherencia entre lo que debe ser su papel de defensora de los derechos humanos y, lo que es, al alentar y promover una Ley que viola la libertad de expresión y de prensa.
Clamor en contra
En un pronunciamiento conjunto organizaciones como las Cámaras de Comercio e Industrias de Cortés y la de Tegucigalpa; el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias, el Colegio de Periodistas, la Asociación de Agencias Publicitarias, La Asociación Nacional de Radiodifusores de Honduras, la Asociación de Medios de Comunicación, entre otras, ha reprochado la propuesta de la nueva Ley de Telecomunicaciones porque consideran que vulnera los más elementales principios de libertad de expresión.
Esta semana, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), llamó al Congreso de Honduras a vigilar que la reforma de Ley de Comunicaciones contemple ciertos criterios.
En una declaración, la institución con sede en Miami, lamentó el carácter político y «disciplinario» del proyecto de reforma elaborado por el Poder Ejecutivo y que el presidente Porfirio Lobo dijo que enviará al Congreso esta semana.
El presidente de la SIP, Jaime Mantilla, director del diario Hoy de Ecuador, lamentó que se utilice la excusa de la «democratización de los medios» para imponer «nuevas reglas de juego que pueden terminar en el silencio de críticas de medios independientes y privados».
Mantilla agregó que la «verdadera democratización» es cuando se crea un ambiente para aumentar la competencia y propiedad de los medios de comunicación privados e independientes, «al contrario de lo que puede estar pasando en Honduras», puntualizó.
