El proyecto entró, casi a hurtadillas, cuando los diputados se habían despedido de sus sesiones regulares para gozar de las prolongadas vacaciones veraniegas.
El proyecto fue presentado por el presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Ricardo Cardona, acompañado de otros comisionados. En la secretaria fue recibido por Rigoberto Chang Castillo y Gadys Aurora López.
Chang Castillo, quien horas antes había declarado su desacuerdo con la iniciativa, dijo que recibirla le daba gusto y que la misma sería colgada en la página Web del Legislativo.
En tanto, el presidente de la Congreso hondureño, Juan Hernández, declaró que “creo que es fundamental para el país proteger la libertad de expresión, fortalecerla, pero si debo decir que tiene excesos. Creo que debemos debatirla” apostilló.
La citada propuesta de ley básicamente vulnera la libertad de expresión porque crearía una «Comisión Reguladora de Contenidos» que influirá directamente en los criterios editoriales de los medios. También prohibiría a los accionistas de una empresa de telecomunicaciones participar en otras sociedades mercantiles; mientras que distribuiría un 33 por ciento de frecuencias al sector público, 33 por ciento al sector privado y otro 33 por ciento a radios «comunitarias».
Otro revés a la libertad de expresión que se deja ver en el proyecto es que también determinaría sanciones para las infracciones a la ley o sus reglamentos, incluyendo normas que permiten la confiscación de bienes inmuebles, equipos, redes y demás patrimonios de las empresas del sector de telecomunicaciones.
En referencia al proyecto presentado, Hernández, dijo además que las discusiones sobre el mismo se harán en horarios donde el público tenga acceso a verlos. “Que sea en horas no laborables y que la gente sepa cuáles son los insumos, al margen del sesgo o la objetividad del medio, que a través del canal del congreso puedan ver los argumentos y los puntos de vista de cada quien, expresó.
Más adelante dejó entrever que las amenazas a la libertad de expresión podrían materializarse cuando reiteró que “así como es fundamental proteger la libertad de expresión, también yo creo que esta generación nuestra no puede ser cómplice de muchos abusos que por años se han venido cometiendo”.
El también candidato presidencial por el gobernante Partido Nacional reconoció que aprobar la propuesta “puede ser de consecuencias políticas, pero yo creo que lo que genera votos es hacer lo correcto y lo justo, no podemos permitir que ciertas cosas que son dañinas sigan ocurriendo porque el pueblo nos va a pasar la factura” indicó.
Antecedentes
La mañana de este jueves la ministra de Derechos Humanos, Ana Pineda, dijo a periodistas locales que el proyecto no se entregaría al Congreso Nacional hasta que no fuera consensuado lo suficiente y además expresó que sobre el mismo se consultaría al relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Frank La Rue.
Pineda impulsa, desde la recién creada Secretaría de Derechos Humanos, la citada propuesta de ley que primordialmente vulnera la libertad de expresión.
En contraste, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Ramón Custodio, dijo este jueves en conferencia de prensa que las reformas pretendidas por el Poder Ejecutivo a la Ley Marco de las Telecomunicaciones (Conatel), contienen censura previa y además violenta artículos constitucionales.
Custodio dijo que las reformas propuestas en el proyecto de ley “claramente atentan en contra de la garantía a la libertad de prensa y la de expresión, privada y comunitaria, porque se pretende legislar sobre un ejercicio arbitrario del poder desde el Estado, en contra de la seguridad jurídica de los medios y su uso en beneficio del bien común”.
Además, establece que las reformas legislativas que recomienda la ONU solamente son para garantizar el acceso a la libertad de prensa, la de expresión y el derecho a la manifestación pacífica, y no para legalizar procedimientos que restringen, disminuyan y tergiversan las libertades y derechos antes mencionados, por cualquier medio directo o indirecto.
El comunicado difundido por el Conadeh lamenta que las reformas propuestas por el Ejecutivo establecen regulaciones y sanciones a la libertad de expresión y prensa que actualmente se encuentran reguladas por la Ley de Emisión del Pensamiento.
Además -señala el Conadeh- que se vulnera el derecho a la propiedad privada y posesión de bienes, así como una violación al derecho del patrimonio familiar.
Custodio también critica que las reformas limitan, disminuyen y tergiversan el derecho a la libre empresa, y finalmente se violentan artículos constitucionales.
