En el documento, Cerrato reclama a Rivera Avilés mayor compromiso de parte de los jueces ya que en los últimos meses los embargos adquiridos suman una cantidad aproximada de 73 millones 100 mil lempiras por acciones judiciales promovidas ante incumplimientos de compromisos por distintas instituciones gubernamentales.
En ese sentido, sostiene que dicha actividad pone en precario la estabilidad económica y financiera del Estado, sobretodo porque en la actualidad los recursos financieros registran un déficit presupuestario bastante significativo.
Ante la misiva, el vicepresidente del Poder Judicial, Tomás Arita, consideró la acción como normal y descartó que sea una injerencia de un poder a otro.
“Esto lo tomamos como una manera de colaborar para que efectivamente al final haya una mejor aplicación de la justicia y tomaremos en cuenta algunas de las consideraciones”, aseguró.
Proceso Digital le da a conocer a sus lectores la carta remita al Poder Judicial por el ministro de Finanzas:
Jorge Rivera Avilés Presidente de la Corte Suprema de Justicia Tengo el agrado de dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que la Secretaría de Estado en el despacho de Finanzas en muchas ocasiones y actualmente está haciendo objeto de onerosos embargos judiciales a la cuenta única de la Tesorería General de la República. Tal es el caso que a finales de noviembre del año pasado y ahora en el enero de 2013 de los embargos adquiridos se ha retenido una cantidad aproximada de 73 millones 100 mil lempiras por acciones judiciales promovidas por incumplimiento de compromisos por distintas instituciones gubernamentales lo que genera distorsiones en los flujos de caja proyectados y la imposibilidad de dar cumplimiento a los compromisos de pagos pactados por esta dependencia del Estado. Lo anterior tiene relación directa con la actual crisis económica que sufre el país incluso las arcas del Estado, ya que pone en precario la estabilidad económica y financiera del mismo, sobretodo porque en la actualidad los recursos financieros registran un déficit presupuestario bastante significativo. Es por ello que resulta oportuno manifestarles que tales acciones judiciales en contra de las finanzas públicas afecta enormemente el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República. De todas las inclusiones del sector público y lo que incluye al Poder Judicial que no se escapa por verse afectado por tales medidas se emite en los diferentes órganos jurisdiccionales, por tal razón la programación realizada por esta secretaria de Estado de todas las transferencias incluyendo las que constitucionalmente le corresponde a la Corte Suprema de Justicia se ven perjudicadas en el sentido de no poder hacerlas efectivas oportunamente. Es sumamente necesario hacer de su consideración que la Ley Orgánica del Presupuesto en su artículo 127,%26nbsp; así como el artículo 24, último párrafo de la Ley de Eficiencia en los Ingresos y el Gasto Público y el artículo 812 numeral 12 del Código Procesal Civil dispone que ningún tribunal podrá despachar mandamiento de ejecución y dictar providencia de embargo contra las rentas y caudales de la hacienda pública, pero pese a ello algunos jueces no están acatando las disposiciones antes mencionadas. Es por lo anteriormente indicado en el párrafo que antecede%26nbsp; que lo legal es según lo indica el decreto legislativo numero 113-2011 de fecha 24 de junio de 2011 que contiene la Ley de Eficiencia en los Ingresos y el Gasto Público en su artículo 24 párrafo segundo que intuye a los órganos jurisdiccionales que al momento de emitir sentencia condenatoria firme a que expidan comunicación judicial con las inserciones de estilo y el libramiento respectivo por la secretaria del órgano jurisdiccional a fin que las instituciones del sector público hagan las previsiones del caso de los respectivos presupuestos no debiendo estas ser retiradas para ningún otro fin. Finalmente y por las consecuencias ya expuestas muy respetuosamente los invito a tomar en consideración los aspectos legales señalados para que de ese tribunal no se estime la pertinencia de declarar la medida de embargo indicada sobre la cuenta única de la Tesorería General de la República lo cual implicará una infracción al ordenamiento jurídica que a su vez los llevará a la posibilidad de asumir las responsabilidades correspondientes. Me suscribo a usted con las muestras de consideración y estima. Wilfredo Cerrato Rodríguez Secretario de Estado en el despacho de Finanzas.
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