Tegucigalpa – Aunque ha habido interés de parte de autoridades de Seguridad por atacar la criminalidad, el abogado German Licona destacó este viernes que “la incidencia nos está diciendo que las muertes violentas, particularmente de mujeres que cada 21 muere una”.
El profesional del derecho destacó además que se contrastan las estadísticas, “el año pasado cerró con 308 y al día de hoy van más de 370 mujeres, según las organizaciones de mujeres”, puntualizó.
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El experto en tema de seguridad refirió que en el país antes, durante y después de la pandemia de coronavirus, las denuncias que muchas féminas interpusieron ante los Juzgados de Violencia Doméstica fueron el primer indicio del feminicidio, porque estos terminaron ocasionando la muerte de mujeres.
Licona señaló que “un Ministerio Público que ha estado impotente, que su directriz no ha sabido rectorar para que las investigaciones prosperen, ni ha asignado más fiscales en estas áreas para que las investigaciones sean más profundas”.
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“Esto nos lleva al convencimiento que autoridades tiene que apostarle a prevención, políticas públicas que empoderen a la mujer y para hacerle ver que la mujer ocupa un espacio igual”, indicó el profesional del derecho, quien también señaló la responsabilidad y la corresponsabilidad del Estado en el mayor escenario de feminicidios colectivos ocurrido este año, en una cárcel de mujeres con 46 víctimas.
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Para Licona, en base a las declaraciones de la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, tiene que separarse la Dirección Policial de Investigación (DPI) y que la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) quien inicie un proceso objetivo en este caso. VC
