Entre los casos concretos, se citan «campañas de difamación y de denigración orquestadas por los gobiernos (en Colombia, Perú, Nicaragua, Venezuela y Cuba).
También la «vigilancia de las actividades de las ONGs (en Chile, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Perú y EEUU)», así como «investigaciones sobre su financiación (Brasil, Nicaragua).
La instrumentalización del sistema judicial para sancionar la actividad de los derechos humanos se dio en Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Venezuela.
Los defensores involucrados en la lucha contra la impunidad fueron objeto de más acosos e incluso de amenazas, y en algunos casos intentos de asesinato, en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Perú.
Los sindicalistas y defensores de los trabajadores «pagaron un alto precio, a veces incluso con la vida) en Chile o Colombia (el país donde hubo más sindicalistas asesinados en el mundo), Guatemala y Honduras.
En Argentina, El Salvador, Estados Unidos y México fueron objeto de represión los defensores de los derechos de las mujeres que buscaban reparación para las víctimas de la violencia sexual.
El informe señala que «en América Latina el empleo desproporcionado de la fuerza en reacción a movimientos sociales ha dado lugar a disparos con fuego real sobre los manifestantes (en Perú), o a asesinatos de dirigentes de movimientos sociales (en Colombia, Guatemala, Honduras).
EL estudio destaca el caso positivo de Bolivia, «donde se han acrecentado las posibilidades para que los ciudadanos debatan libremente sobre las políticas públicas».
