El Parlamento hondureño anunció que informes relacionados con el tema serán remitidos al fiscal general, Luis Rubí, en los días próximos.
Luis Alberto Rubí, manifestó que “una vez que el informe este en nuestras manos haremos los análisis y de ahí vamos a determinar el tipo legal o penal que se pueda deducir, si es que existe”.
Agregó que si encuentran irregularidades, se incoarán las acusaciones ante los tribunales correspo0ndiente.
“El Ministerio Público es el responsable de la aplicación de la acción penal, una vez que determinemos si el hecho es doloso nos vemos obligados a ver quién fue el que lo cometió y obviamente, deducirle las responsabilidades”, explicó.
Rubí informó que ya dio las instrucciones a la Fiscalía contra la Corrupción a que conduzca las investigaciones del caso.
Sobre irregularidades en publicaciones de la ley dijo que este tipo de hechos profundizan la la percepción de inseguridad jurídica y por ende afecta al país.
Agregó que el ministerio Público estará vigilante para encontrar a los responsables y llevarlos a los tribunales para que reciban un castigo.
“Quien infrinja la ley se responsabiliza como tal y el Ministerio Público ejercitará las acciones y obviamente irán los requerimientos fiscales en los hechos que sean constitutivos de delito. Porque lo repito, nadie está por encima de la ley”, puntualizó.
Sectores involucrados en el tema han aceptado que el decreto que contiene las medidas de ajuste fiscal y que fue aprobado por la Cámara de diputados en la víspera de semana santa pasada, fue adulterado.
La denuncia fue interpuesta en medios de prensa por miembros de la bancada del opositor partido Liberal pese a que la mayoría de ellos no participó en la aprobación de la ley y hasta abandonaron la sesión.
Los denunciados trastoques a la Ley especifican supuestas reformas de fondo y de forma entre lo divulgado en el diario oficial y lo que realmente aprobó el pleno de la Cámara.
Las modificaciones vuelven a poner en tela de juicio la fragilidad del sistema ya que un cambio entre lo acordado por el poder Legislativo y lo puesto en vigencia refleja una ventana que propicia inseguridad jurídica en el país.
En lo que va de la actual administración este es el segundo escándaloque involucra a la Imprenta Nacional de Artes Gráficas.
En febrero anterior trascendió la emisión ilegal de las dos gacetas conteniendo particularmente un decreto de concesión de la represa de Nacaome y otro que tiene que ver con el Ministerio Público y la creación de una instancia de seguridad.
Hasta la fecha lo que ocurrió en ese escándalo ha quedado sin aclararse.
