– “No hay nada contra la libertad de expresión, absolutamente nada, es simplemente la revisar lo que el Estado gasta…”, señaló Lobo.
Lobo hizo alusión al tema durante la celebración del acostumbrado Consejo de Ministros de los martes, donde agradeció al Congreso Nacional por haber aprobado la iniciativa enviada desde el Ejecutivo que lo que pretende es la revisión de las exoneraciones otorgadas por parte del Estado.
Lobo citó datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que indican que en los últimos seis años el Estado deja de percibir unos 10 mil millones de lempiras.
“Yo quiero dejar claramente establecido ante ustedes que no se ha quitado ninguna exoneración, lo que se está haciendo es una suspensión”, indicó Lobo quien señaló que no se han suspendido las exoneraciones de las que goza la industria de la maquila y la minería, pero eso no significa que no se van a revisar.
Recordó que se ha dado un plazo de 30 días a todos los sectores que abarca el decreto para que se presenten con su documentación.
“Me llama la atención y la inquietud de algunos medios, están airados y no sé por qué, porque al final es importante esta revisión porque al final vamos a ver quiénes son los que se benefician del pueblo hondureño y cuando escucho a mi amiga la rectora (Julieta Castellanos) peleando por millones para el Hospital Escuela que son 200 millones de lempiras, quizá cuando revisemos este listado, pueda que uno solo, se lleve los 200 millones que necesitamos para dar medicinas a la gente”, relacionó Lobo.
Agregó que en ese sentido, es importante revisar las exoneraciones y ver también qué nivel de equidad hay en la distribución “y estoy insistiendo, no hemos hablado nada de nada de los medios de comunicación, simplemente se habla de exoneraciones, entonces nadie debe entrar en crisis emocional por esto porque no hemos quitado nada, el Congreso Nacional lo que hizo es suspender para revisar, lo cual es totalmente justo”, argumentó.
Insistió en que el pueblo hondureño tiene derecho a saber quién es beneficiado con la exoneración y en que monto, pero hay que seguir un proceso para conocer cuál es lo permanente.
Recordó que en el Gran Acuerdo Nacional que se firmó el año pasado, entre los empresarios y las centrales obreras y campesinas, en el numeral 29 establece: Analizar el impacto del costo beneficio de las exoneraciones, dispensas y exenciones en la recaudación fiscal.
En ese sentido, aseveró que “revisar es un derecho que tiene el Estado para ver si en esa revisión, lo que el Estado está incentivando vía exoneración, realmente responde al interés y beneficio del pueblo hondureño”.
Reiteró que “esto no debe generar inquietud para nadie, lo que se va a hacer es simplemente revisar quienes son los beneficiarios y en qué montos”.
Mencionó que el comité que revisará las exoneraciones estará integrado por un representante de un representante del Poder Ejecutivo designado por el presidente de la República quien presidirá la comisión; un representante del Congreso Nacional; un representante del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) quien ostentará la secretaría técnica; un representante de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon); un representante de la Iglesia Católica; un representante de la Confraternidad Evangélica de Honduras.
Asimismo, un representante del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh); un representante de la Federación de Organizaciones Privadas de Desarrollo de Honduras (Foprideh); un representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep); uno de Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía, uno de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes); uno de las centrales obreras; uno de las organizaciones campesinas y uno de la Federación de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh).
Aunque no está incluida en el decreto, Lobo pidió a la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, para que integre la comisión para apoyarla en la parte técnica.
Recalcó que según el artículo tres del decreto, los miembros de la comisión para el análisis y control de las exenciones, exoneraciones y franquicias aduaneras, serán nombrados a propuesta del presidente de la República a propuesta de los sectores representados, sin embargo, cuando no haya propuesta, lo hará el mandatario con discrecionalidad.
Lobo dijo que urge integrar esa comisión al tiempo que reiteró que “no hay nada contra la libertad de expresión, absolutamente nada, es simplemente la revisar lo que el Estado gasta, que según cálculos del BID estaríamos por los 10 mil millones de lempiras al año en los últimos seis años”.
