El presidente designado el domingo, tras la captura y expulsión de Zelaya por los militares, insistió en que si el presidente depuesto regresa, tendrá que «pasar a detención y serán los juzgados los que determinarán» las acciones posteriores contra él.
El fiscal general, Luis Rubí, incluso señaló que los delitos por los que hay orden de captura en su contra podrían costarle hasta 20 años de prisión.
El presidente elegido por los hondureños en 2005 para un mandato de cuatro años anunció el lunes que retornará el jueves acompañado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insula, y los presidentes que le quieran acompañar.
Según, Micheletti, Manuel Zelaya intentó negociar ayer, lunes, con las Fuerzas Armadas su regreso al poder, pero los militares se negaron.
«Tengo entendido que él (Zelaya) se comunicó con un alto oficial del Ejército para decirle que negociaran», pero el militar le respondió «que no tenía nada que negociar, que las cosas estaban determinadas, que había un nuevo Gobierno en el país», declaró Micheletti a una emisora local sin identificar al oficial.
Consciente del daño que le está produciendo el aislamiento internacional, el nuevo presidente también anunció que enviará emisarios a Estados Unidos para tratar de explicar algo que mantiene desde el domingo: que lo ocurrido con Zelaya no ha sido un golpe de Estado sino una «sustitución constitucional».
No precisó con qué funcionarios o instituciones se entrevistarán sus representantes, pero manifestó su «fe en Dios» de que van a «recuperar la confianza de esos países» e instituciones que han condenado el derrocamiento de Zelaya.
Con ese mismo espíritu, miles de hondureños ocuparon hoy una céntrica plaza de la capital para respaldar al nuevo presidente y repudiar a Zelaya.
Los manifestantes se concentraron con pancartas con lemas como «Fuera dictaduras chavistas» o «Defendamos nuestra democracia» para manifestar su acuerdo con el gobierno establecido el domingo, casi al mismo tiempo en que Zelaya intervenía en las Naciones Unidas.
Convocados por la Unión Cívica Democrática (UCD), insistieron en que el Gobierno de Micheletti no ha sido reconocido por ningún país debido a que fuera de Honduras «no entienden» las razones que obligaron a los militares a sacarlo del poder, y también reivindicaron la legalidad del nuevo Gobierno.
Claudia Avendaño, empleada pública, reconocía que el aislamiento internacional es un problema, pero aseguró que con Zelaya la situación era «insoportable» y había «un desgobierno».
Mientras tanto, varios cientos de seguidores de Zelaya se concentraban de nuevo en las cercanías de la Casa Presidencial, después de haber sido sacados por fuerzas policiales el lunes, cuando se produjeron los primeros enfrentamientos de consideración, que causaron unos 30 heridos, según fuentes hospitalarias.
Con carteles que mostraban el rostro del presidente depuesto y al grito de «Zelaya, amigo, el pueblo está contigo», los manifestantes, muchos de ellos provenientes del extrarradio de la capital, volvieron a exigir el regreso de «Mel», como se le conoce popularmente.
«Lo vamos a apoyar hasta que vuelva y si lo quieren detener el jueves, nos va a tener que detener a todos», dijo a Efe Jairo Cerrato, de 28 años.
La huelga general convocada por los sectores sociales está teniendo un seguimiento incierto, y sólo el sistema educativo está prácticamente paralizado, mientras diversas manifestaciones se suceden en ciudades del interior, de las que apenas se ha informado en los medios locales.
Los militares han reforzado la vigilancia en varios puntos del país y, en particular, en el aeropuerto internacional Toncontín de Tegucigalpa.
