Los países miembros aprobaron esta madrugada en San Pedro Sula, en el norte del país centroamericano, una declaración con 32 artículos resolutivos en los que se aboga por adoptar las medidas necesarias para prevenir la violencia.
La declaración, consensuada antes de que la OEA comenzara el martes la Asamblea General, recibió el visto bueno de los 34 países miembros después de que el miércoles se registraran los asesinatos a tiros de nueve hombres en la comunidad de Savá, departamento de Colón, en el Caribe de Honduras.
El texto del documento recoge el «compromiso de promover, en el marco del Estado de derecho, una cultura de paz y no violencia», y la necesidad de «involucrar a todos los sectores de la sociedad en el fomento de una cultura de paz y no violencia».
En este sentido, los países miembros se comprometen a «fortalecer la cooperación hemisférica» y manifiestan la «importancia de la cooperación multilateral basada en el pleno respeto a la soberanía de los Estados».
Además, expresan su intención de «emprender iniciativas de cooperación coordinadas para mitigar el impacto de la crisis económica y financiera y sus efectos en los programas sociales».
Llama a realizar una «amplia difusión de los derechos humanos, mediante políticas públicas» y a «adoptar las medidas necesarias para prevenir, impedir y penalizar la violencia, segregación, explotación y discriminación ejercida contra grupos en situación de vulnerabilidad».
También subraya el compromiso de proteger «particularmente aquellos afectados por la violencia generada por cualquier tipo de discriminación» y señala la importancia de la promoción de las instituciones del Estado «para la protección y la seguridad de los individuos y el combate de la impunidad».
Además, los países miembros expresan su compromiso de establecer programas educativos de prevención y expresan su preocupación por «la publicación, circulación o difusión, incluyendo en la Internet, de materiales que deliberadamente defiendan, promuevan o inciten al odio o a la violencia».
Además, se refieren a un problema especialmente crítico en Centroamérica como es el de las pandillas delictivas, al manifestar de decisión de enfrentar a estos grupos «con un enfoque integral que comprenda, entre otros, su prevención y la rehabilitación y reinserción de las personas afectadas».
Destacan además la necesidad de «prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos» y la importancia de «intensificar la cooperación», para «impedir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y materiales relacionados».
También llaman la atención sobre el enfrentamiento a todo tipo de violencia infantil y el compromiso a adoptar políticas y programas para garantizar la inclusión social, económica y cultural de los y las jóvenes.
