Seis jueces sandinistas integrantes de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua (CSJ) dictaron ese fallo el 19 de octubre pasado de forma expedita, tras sustituir a tres magistrados opositores con suplentes afines a Ortega.
La sentencia que elimina el artículo 147 de la Constitución, que impedía la reelección de un Presidente de forma consecutiva o por más de dos mandatos, ha sido rechazada y desconocida por sectores políticos, económicos, profesionales, sociales, gremiales y de organismos de la sociedad civil organizada.
Siete magistrados opositores integrantes de la CSJ afirmaron a finales de octubre pasado que ese fallo «no tiene valor jurídico», porque la Sala Constitucional del máximo tribunal de justicia no tiene potestad para reformar ninguna disposición de la Constitución, facultad reservada exclusivamente la Asamblea Nacional.
El Gobierno de Estados Unidos, por medio de su embajador en Managua, Robert Callaham, consideró el 28 de octubre pasado que los seis jueces sandinistas actuaron de forma «indebida y precipitada» al emitir el fallo favorable que permite la reelección de Ortega.
La Unión Europea (UE), por su lado, el pasado 23 de noviembre, realizó ante el canciller de Nicaragua, Samuel Santos, una gestión diplomática para expresar «su preocupación» por la forma en que se adoptó la sentencia.
El Consejo Supremo Electoral (CSE), integrado por diez magistrados, siete titulares y tres suplentes, que según la oposición está controlado por los sandinistas, tanto en su cúpula como en sus estructuras intermedias, acató de inmediato ese fallo.
Pero a estos jueces electorales se les vence su mandato de cinco años en junio de 2010, y si no son reelegidos ellos no serán quienes cuenten los votos en los comicios de 2011, a los que Ortega aspira a presentarse nuevamente como candidato presidencial.
Ortega, a su vez, aseguró ante miles de sus seguidores en sus frecuentes actos de masas, que esa sentencia «es inapelable y está escrita en piedra».
Diputados del bloque opositor presentaron el 27 de octubre en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para declarar nulo el fallo judicial, pero no ha pasado de la primera secretaría del Parlamento.
El pasado 21 de noviembre, miles de nicaragüenses marcharon pacíficamente por las calles de Managua para expresar su rechazo a esa decisión judicial y a las pretensiones de Ortega de presentarse para un nuevo mandato presidencial en 2011.
Militantes de 18 organizaciones civiles y partidos de oposición también rechazaron en las calles las iniciativas que, según ellos, Ortega ha venido tomando para instalar una «dictadura» en Nicaragua.
Otra batalla que la oposición tiene prevista en contra de la reelección de Ortega es no reelegir a los actuales diez magistrados del CSE. Un grupo de diputados de todos los grupos parlamentarios de oposición firmaron un acuerdo en ese sentido el pasado 19 de noviembre, ante testigos de la sociedad civil.
Rubricaron el acuerdo diputados de los partidos Liberal Constitucionalista (PLC), Liberal Independiente-Movimiento Vamos con Eduardo (PLI-MVE), Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y otros independientes, que totalizan 47 escaños, la mayoría simple en el Parlamento.
El acuerdo contempla no elegir a ningún funcionario electoral en la Asamblea Nacional en 2010 «mientras no se escoja para estos cargos a personas capaces, honestas e imparciales, de acuerdo a preceptos constitucionales», señaló Julio Icaza en representación de la sociedad civil.
Los diputados opositores sostienen que como el actual CSE no es creíble, hay que elegir a jueces electorales con una trayectoria que garantice que contarán bien los votos y respetarán la voluntad popular, para que no se repita lo ocurrido en las elecciones municipales de noviembre de 2008, en las que, según la oposición, hubo un fraude a favor de los sandinistas.
