San Salvador – La organización social Acción Ciudadana pidió este lunes al Congreso de El Salvador crear al interior del Tribunal Supremo Electoral (TSE) un ente para fiscalizar los fondos de los partidos políticos.
Los representantes de dicha organización presentaron una propuesta de reforma legal para crear la Unidad de Fiscalización de Partidos Políticos en el TSE.
«El control del sistema de financiación de la política salvadoreña es sumamente débil y poco desarrollado, pues las capacidades de fiscalización del TSE son extremadamente limitadas», señala la iniciativa.
El documento establece una serie de modificaciones al Código Electoral que necesitan al menos 43 votos de los 84 diputados para entrar en vigor.
Dicha unidad tendría entre sus funciones verificar que los partidos políticos y los candidatos a cargos de elección popular «cumplan con sus obligaciones en materia de transparencia, control financiero, acceso a la información y rendición de cuentas».
La plataforma civil Acción Ciudadana también propuso que dicha unidad pueda «recibir, requerir, verificar y auditar la información contable y financiera que los partidos políticos, los candidatos de partidos y no partidarios están obligados a llevar».
La propuesta también establece que la Unidad de Fiscalización de Partidos Políticos vigile los «gastos de campaña electoral» y avise a la Fiscalía General de la República sobre «cualquier delito que se haya identificado durante los procesos de verificación o auditorías».
El director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, aseguró en enero pasado en una entrevista con Efe que los partidos políticos salvadoreños son una «casa abierta» por la falta de controles rigurosos sobre sus fondos.
El analista señaló que esta situación podría permitir a los partidos recibir dinero ilícito o pagar por favores políticos a las pandillas.
Uno los casos que más han llamado la atención en el país sobre la supuesta relación entre los partidos políticos y las pandillas, se dio a conocer en agosto de 2017, en un juicio contra los operadores de una tregua entre estas bandas, impulsada por el Gobierno de Mauricio Funes (2009-2014).
De acuerdo con un testigo, supuesto líder de una pandilla, el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) pagaron 350.000 dólares a las pandillas en 2014 a cambio de votos.
