Una fuente policial confirmó a Efe que esta madrugada un contingente de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) se movilizó a Acajutla, 84 kilómetros al suroeste de San Salvador, para negociar con los manifestantes.
Tras un diálogo con los trabajadores se logró despejar la entrada a las instalaciones del puerto sin «usar la fuerza», remarcó la fuente.
El desalojo fue confirmado también por el dirigente sindical José Luis Ortiz, en un contacto telefónico con la estatal Radio El Salvador, aunque denunció que algunos de sus compañeros fueron golpeados por los agentes policiales.
Ortiz, del Sindicato de Trabajadores de la Industria Portuaria (STIPES), calificó el desalojo como una «cuchillada por la espalda» por parte del Gobierno de Mauricio Funes.
Al menos unos 200 trabajadores del puerto se mantuvieron en huelga desde el pasado lunes, aunque, según la fuente policial, las acciones se «arreciaron» el pasado miércoles.
Según medios locales, la huelga, que tuvo un primer episodio el 25 de diciembre, ha causado pérdidas a distintos empresarios que no han podido descargar mercadería para la venta en la temporada de fin de año.
De igual forma, los exportadores también han tenido problemas para enviar sus productos al extranjero.
El Diario de Hoy dijo en su edición de este jueves que debido a la protesta al menos cuatro barcos no han podido descargar en Acajutla, único puerto marítimo del país.
El presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Guillermo López Suárez, indicó que junto a estos trabajadores, que se dedican a la carga y descarga de los barcos, acordaron que tres empresas contratarían a unas 410 personas más.
CEPA también se comprometió a crear plazas directas para los directivos del sindicato.
Sin embargo, los trabajadores rompieron el acuerdo y paralizaron sus labores para pedir a CEPA que los contrate directamente para evitar que sus condiciones laborales sean mediadas por las empresas subcontratadas.
