Tegucigalpa – La Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), manifiesta su profunda preocupación ante la lentitud con que el sistema de justicia en Honduras, está tratando el caso del joven Ebed Yánez Cáceres (15), el cual fue abatido a disparos, la madrugada del 27 de mayo del 2012, por miembros de las Fuerzas Armadas (FFAA), en un retén organizado en el marco de la “Operativo Relámpago”, a cargo de los efectivos castrenses.
El caso se encuentra actualmente en su etapa de Juicio Oral y Público, y su inicio estaba previsto para el 19, 20 y 21 de noviembre de 2014, pero este fue prorrogado para el 1, 2, y 3 de diciembre del presente año; asimismo, la defensa recusó al abogado Mario Díaz, miembro de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), dicha recusación se encuentra actualmente en la Corte de Apelaciones.
En la actualidad, el imputado se encuentra con la medida de Prisión Preventiva; dicha medida puede durar, como regla general, hasta un año, cuando la pena aplicable al delito sea superior a seis años. La prisión preventiva podrá durar hasta dos años; sin embargo, el plazo de la prisión preventiva vence este próximo 20 de diciembre, y como dicho proceso se encuentra en la Corte de Apelaciones, la preocupación de la sociedad civil se centra en que la resolución no esté a tiempo y el imputado salga libre, poniendo en riesgo el proceso por el peligro de fuga del mismo.
La APJ, plataforma de organizaciones de sociedad civil que ejecuta acciones de auditoría social e incidencia política al sistema de seguridad y justicia en Honduras, exige a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al Consejo de la Judicatura (CJ), garantizar que en este caso, como en los que tengan la misma naturaleza, se efectúe un estricto apego a la Ley, para garantizar que impere la justicia; en este caso emblemático, se pone en riesgo la sanción a los culpables de este crimen y se pone en evidencia, la inequidad, deficiencia e inaceptable proceder de algunos órganos del Poder Judicial.
El implicado principal en el caso de la muerte del joven Yánez Cáceres, es el sargento Eleazar Abimael Rodríguez, quien guarda prisión preventiva, acusado de homicidio y abuso de autoridad “porque el arma que estaba asignada a él, salió positiva con el plomo que le extrajeron al cuerpo de mi hijo”, declaró Wilfredo Yánez, padre de Ebed Jassiel.
Los otros imputados, quienes gozan de medidas sustitutivas, son el cabo Felipe de Jesús Rodríguez y el subteniente Josué Antonio Sierra, ambos no fueron acusados de homicidio, solamente se les inicia una acción judicial por abuso de autoridad, falta a los deberes de los funcionarios y encubrimiento. Los imputados pertenecen al Primer Batallón de Fuerzas Especiales de las FFA de Honduras.
