Guatemala – Un juez de Guatemala decidió hoy procesar a 19 personas acusadas de integrar una red de tráfico de influencias, en la que ofrecían agilizar trámites administrativos relacionados con el crédito fiscal a cambio de comisiones ilícitas, recibiendo casi 2,6 millones de dólares.
El juez Décimo de Instancia Penal, Walter Villatoro, resolvió este lunes ligar a proceso a estas 19 personas luego de varias semanas de audiencia, atendiendo así a las peticiones del Ministerio Público y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
El caso, que empezó a ver la luz a raíz del caso «La Línea» -que tiene en prisión preventiva al exbinomio Presidencial formado por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti- estableció la existencia de una estructura vinculada al cobro de comisiones a cambio de agilizar trámites de expedientes de crédito fiscal.
En el esquema de esta trama, según la investigación, el papel «clave» era desempeñado por el extrabajador de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) Giovanni Marroquín Navas, en prisión preventiva por la red «La Línea», pues era el «enlace» entre los funcionarios de la SAT que agilizaban los trámites y los intermediarios que buscaban clientes, es decir, empresas.
Fue quien negoció, ofreció y dio beneficios económicos a los funcionarios de quien era «amigo», varios ya en prisión, y a los intermediarios para alterar «el orden cronológico» en la resolución de los expedientes, y lo hizo de forma «eficiente», pues logró reducir los tiempos de los mismos, al menos 30, en los años 2011, 2013 y 2014.
Los clientes fueron 9 empresas, de sectores como la palma africana, las bebidas alcohólicas y el sector azucarero; y los intermediarios que buscaban a estos usuarios eran el excandidato a la Vicepresidencia en 2015 y empresario Mario Leal, el diputado y vicepresidente del Congreso, Felipe Alejos, y el empresario Alfredo Muñoz Ledo, citado a declarar junto a otra decena de personas.
Sobre el parlamentario, las autoridades presentaron una solicitud de desafuero para que pueda ser investigado por los delitos de «tráfico de influencias y cohecho activo», al igual que al juez Adrián Rodríguez, a cargo del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, a quien lo quieren indagar por «prevaricato y denegación de Justicia».
Las pesquisas preliminares de la Fiscalía y la CICIG señalan que el diputado Alejos «formó parte de los agentes externos» de la organización criminal, que ofrecía «servicios de gestión» ante la SAT para agilizar las solicitudes a cambio de «comisiones ilícitas».
En cambio sobre el juez se cree que «a sabiendas y con toda determinación» emitió una resolución «contraria a la ley» y «fundada en hechos falsos buscando excluir de la persecución penal» a uno de los clientes de esta trama, la empresa Aceros de Guatemala, S.A.
El empresario Leal, quien está fuera de Guatemala desde el 2016 y las autoridades creen que en República Dominicana, recibió unos 500.000 dólares en comisiones y ahora mismo está prófugo de la Justicia, al igual que otros 9 implicados, mientras que 8 fueron detenidos este jueves.
Los 19 millones de quetzales (casi 2,6 millones de dólares) que se cree que recibió la estructura criminal fueron depositados en una cuenta bancaria que administraba el cerebro de la operación, Giovanni Marroquín, quien luego embolsaba el dinero a sus colaboradores a través de «terceras personas», dice la investigación.
Entre los delitos que las autoridades imputaron a las 19 personas están asociación ilícita, cohecho activo, cohecho pasivo, lavado de dinero y tráfico de influencias.
La Fiscalía y la CICIG deben ahora terminar la investigación para que luego el juez decida si enfrentarán o no un juicio por este caso.
