– Los fondos de la Tasa de Seguridad y ayudas de países cooperantes serían una vía para mantener vivo el programa.
– Casos emblemáticos han sido resueltos gracias a testigos protegidos.
Entre 2012 y lo que va de este año el programa de Protección a Testigos (PPT) se ha convertido en un instrumento fundamental y especialmente útil para los operadores de justicia pese a las limitaciones presupuestarias que muchas veces le han hecho tambalearse.
Esta figura judicial nunca ha tenido un presupuesto fijo y luego de recientes reformas a la Ley de Privación de Dominio, que disponía de un dos por ciento de los recursos de bienes incautados para el fondo que le da vida al programa ahora pasa directamente a la Fiscalía, un ente con muchas necesidades que podría caer en la tentación de utilizar los recursos en otros rubros.
El parlamentario nacionalista, Tomás Zambrano, aclaró que “las reformas que hicimos en el tema de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, en ningún momento perjudican el Programa de Protección a Testigos”.
“Hay que ser claros, el Programa de Testigos depende y es una unidad del Ministerio Público. La reforma a la ley dice que el 45 por ciento de los bienes incautados se reparten entre todos los operadores de justicia, ahí se abarca al Ministerio Público y el Programa de Testigos”, aportó.
Además, el diputado explicó que el fiscal general deberá solicitar en sesiones del Consejo de Defensa y Seguridad, el respaldo económico-financiero para el funcionamiento de este programa.
Enfatizó que “siempre se le dará el respaldo al Programa de Protección a Testigos, incluso ya no sólo podrá obtener el dos por ciento, los recursos pueden ser más, siempre y cuando el fiscal general haga las gestiones que corresponden”, justificó.
De su lado, el encargado del Programa de Protección a Testigos (PPT), Germán Enamorado, atendió a Proceso Digital para explicar las bondades del esta normativa y los inconvenientes que enfrenta luego de últimas reformas efectuadas por el Poder Legislativo.
“Pensamos que lo hicieron disponiendo que los aportes lleguen a esta oficina por otra instancia. No creo que se haya dejado así totalmente en blanco, queremos pensar en la bondad de un mecanismo alterno que hayan decidido disponer”, aseveró.
El PPT tiene una mínima subvención de ocho mil dólares (168 mil lempiras) cada 30 o 40 días, para atender un promedio de 70 personas que consumen entre 4 y 5 mil lempiras.
Seis custodios, una secretaria y un administrador, conforman el Programa de Testigos. El presupuesto hasta hace 10 meses rondaba el medio millón anual.
“Creo a nivel de Estado le estamos debiendo demasiado a la sociedad si le queremos dar a entender que con esto estamos pretendiendo responder a la protección que requieren los que brindan información a los procesos judiciales”, lamentó Enamorado.
Cabe mencionar que los auxilios para los acogidos al PPT son temporales, inicialmente se autorizan plazos hasta de seis meses dependiendo las circunstancias que se analizan. En caso que se necesite extender este término, es únicamente potestad del fiscal general hacerlo.
El titular del PPT lamentó que exista “reticencia o apatía” de varios operadores de justicia para colaborar con esa oficina, pese a que el programa se ha convertido en una fracción de propósito procesal, así como de labor social.
¿Quiénes forman parte del programa? Integran el universo del PPT más de 400 personas en la actualidad, algunas de ellas gozan de custodia personal durante cierto tiempo, aunque existe la prohibición de regresar al sitio de donde fue abstraído o mejor dicho en el lugar que se ubica la persona que denunció bajo el proceso investigativo. Aunque el programa existe desde 2007, comenzó a funcionar verdaderamente en 2012 con 48 casos y 200 personas colateralmente beneficiadas por las medidas adoptadas. En 2013 los casos subieron a 71 e incluyó a 250 personas entre familiares y amistades del testigo protegido beneficiados con las acciones. En tanto, este 2014 van contabilizados 81 casos con 290 personas beneficiadas, incluso incluye por primera vez un segmento étnico atendido.
Entre los colateralmente beneficiados se dispone de medidas como: reubicación, traslado, gastos de alojamiento, gastos médicos, entre otros. Asimismo, muchos de los acogidos al programa en algún momento fueron simpatizantes de pandillas. “Es agradable ver cómo estas personas retoman su vida por el lado correcto, hemos servido para ayudar a reinsertar a este segmento de la población, ojalá pudiéramos disponer de más recursos”, refirió el fiscal Enamorado. El 90 por ciento de los protegidos no superan la educación primaria y aunque muchos oscilan entre edades de 20 y 35 años tampoco disponen de un empleo permanente. En tanto, el 1.5 por ciento poseen educación superior. Cabe mencionar que el 60 por ciento del total del PPT lo componen mujeres, niños y adultos mayores, el otro 40 por ciento hombres en edad reproductiva. |
El 25 por ciento de los casos provienen de La Ceiba; 40 por ciento de Francisco Morazán; 20 por ciento de San Pedro Sula; 5 por ciento de Choluteca; 5 por ciento de Comayagua y La Esperanza y otro 5 por ciento de varias comunidades.Detalles del Programa de Testigos
El titular de la PPT dijo que muchas veces se toman medidas preventivas durante el proceso para salvaguardar la integridad de los acogidos al esquema.
La Ley Procesal Penal dispone de la medida de omisión de datos generales, es decir que los nombres de personas acogidas al PPT se conservan en un sobre sellado y sólo está al tanto el fiscal y el juez que conoce la causa. Este tipo de mecanismos son solicitados por personeros de la Fiscalía.
En la actualidad se trabaja en la adquisición de distorsionadores de voz porque se ha comprobado que este elemento no puede pasar desapercibido. También se ha contemplado la compra de cápsulas móviles para que puedan ser trasladadas a las oficinas regionales donde hay juzgados que no disponen de la unidad donde se albergan los testigos protegidos para que no puedan ser reconocidos durante las audiencias.
Enamorado mencionó que tienen la limitación de extender documentos de identidades provisionales sólo para mientras dura un juicio en el caso de los testigos protegidos.
“La propuesta concreta es que se emita (documento de identidad) con un expediente reservado una identidad provisional con otro número, otros datos en el padrón, en tanto esta persona acude al proceso y la retendría el programa y sólo se le entregaría al testigo sólo para ir a las audiencias. Una vez terminado el proceso la identidad se devuelve al Registro Nacional de las Personas y no vuelve a ser dispuesta para otra finalidad”, arguyó.
Sobre posibles cambios estéticos en potenciales testigos, el titular del PPT expuso que “hasta el momento no se han presentado solicitudes en ese sentido, pero cuando ocurra se hacen los trámites ante la administración para que se hagan los gastos pertinentes. Nadie lo ha planteado aunque debemos mencionar que es raramente requerido para el proceso y es algo curioso porque normalmente son los delincuentes que se hacen cambios de rasgos físicos para no ser identificados”.
Explicó que el PPT no sólo incluye el traslado de personas a los tribunales, también hay que proporcionarles ayuda sicológica, traslados de domicilios, viáticos, ubicación en plazas laborales y otros beneficios.
El PPT es tan seguro que en siete años de existencia, apenas dos acogidos al programa recibieron represalias, aunque mencionó que en uno de los casos le sucedió a un testigo que se le había prohibido regresar a un entorno peligroso, sin embargo la ingesta consuetudinaria de bebidas alcohólicas derivó en el asesinato de esta persona.
El otro caso fue una integrante de pandillas que retornó a la organización criminal y tras confesar su participación en el PPT fue ultimada por sus compinches.
Fiscalía General estudia fortalecer el programa El fiscal general del Estado, Óscar Fernando Chinchilla, dijo que el PPT funcionaba con el dos por ciento de los bienes incautados que maneja la OABI y algunos recursos que traspasa el Ministerio Público.
Chinchilla reveló que el próximo lunes presentará una solicitud en Consejo de Defensa y Seguridad para que el programa sea financiado con recursos de la Tasa de Seguridad, con el objetivo de dinamizar y hacer crecer el programa. De su lado el fiscal adjunto, Rigoberto Cuéllar, refirió que se gestiona ayuda a través de organismos de cooperación para fortalecer reglamentariamente el proyecto. Actualmente el PPT funciona con un presupuesto que no es superior al millón de lempiras anuales «y ni siquiera eso nos han dado todavía, hay una parte que se adeuda», dijo Cuéllar. “El Programa de Protección de Testigos no solamente hay que protegerlo, sino que modernizarlo, pero el problema que tenemos es de recursos”, finalizó el fiscal adjunto. |
Relató que la visión del PPT tiene dos funciones fundamentales: asegurar el testigo en la instancia del proceso y la protección de éstos y en algunas veces a sus familiares.
